Una reciente propuesta legislativa ha generado fuerte preocupación entre expertos y actores económicos, al plantear la exclusión progresiva del sector privado de la actividad portuaria. El predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, debatido en la Comisión de Justicia del Congreso, busca modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para limitar significativamente la participación privada, lo que, según especialistas, podría implicar una estatización encubierta del sistema portuario peruano.

Diversos analistas han advertido que esta iniciativa representa un retroceso frente a los importantes avances conseguidos en las últimas dos décadas, gracias a la inversión privada. Durante este tiempo, el sector portuario ha experimentado una transformación en términos de modernización, eficiencia operativa y conectividad internacional, convirtiéndose en un pilar clave para la competitividad del país.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía, destacó que “en los últimos 15 años se han invertido más de 2,300 millones de dólares en infraestructura portuaria privada, duplicando el volumen de contenedores movilizados y facilitando tanto las exportaciones peruanas como el acceso a productos más económicos para la población”.

El proyecto plantea eliminar los puertos de propiedad totalmente privada, y restringir la participación empresarial a sociedades con el Estado, limitadas a un 40% de participación y por un plazo máximo de diez años. Para Milton von Hesse, exministro de Vivienda y de Agricultura, esto ignora los resultados comprobados de la gestión privada. “Basta comparar el estancamiento del puerto de Ilo, bajo administración estatal, con el crecimiento del Callao, gestionado por operadores privados, cuya carga manejada se triplicó en una década”, subrayó.

Además de los riesgos para el desarrollo portuario, el predictamen desconoce los contratos de concesión vigentes y compromisos de inversión ya asumidos. Esta situación podría desencadenar conflictos legales internacionales y afectar la reputación del país como destino de inversión. Tanto Tuesta como Von Hesse coinciden en que el Congreso debe actuar con responsabilidad y preservar un entorno que incentive la inversión privada, esencial para el crecimiento y el empleo en el Perú.