La Contraloría General de la República informó que actualmente hay 2,572 obras públicas paralizadas en todo el país, con un valor total que supera los S/ 43 mil millones. De ese monto, más de S/ 22 mil millones corresponden a inversiones aún por ejecutar. La reactivación de estos proyectos permitiría restablecer servicios clave para más de ocho millones de peruanos, impactando positivamente en sectores como transporte, salud, educación y saneamiento.

Ante esta preocupante situación, el contralor general, César Aguilar Surichaqui, anunció el inicio de un nuevo servicio denominado “Control preventivo a las obras públicas paralizadas”. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la reactivación progresiva de los proyectos detenidos, a través de una estrategia de acompañamiento técnico, articulación institucional y compromisos de gestión entre los actores involucrados.

El lanzamiento del programa se realizó en Lima, en la obra de mejoramiento de vías internas en el AAHH Huaycán – zona 7, distrito de Ate, que lleva más de ocho meses paralizada tras la resolución del contrato. Aunque presenta un avance físico del 23.3%, aún queda por ejecutar más de S/ 11.3 millones de los S/ 14.5 millones presupuestados. Una vez concluida, esta intervención beneficiará a más de 15,000 ciudadanos, incluyendo a usuarios del centro de salud “Fraternidad”, donde el polvo y los residuos de la obra inconclusa han provocado un incremento de enfermedades respiratorias y digestivas.

Durante el segundo semestre de 2025, la Contraloría prevé intervenir en las primeras 200 obras paralizadas del país. Estos proyectos están concentrados en sectores clave como Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Salud y Educación. A diferencia del modelo de control tradicional, este nuevo enfoque tendrá un carácter participativo, preventivo y centrado en el ciudadano, sin interferir en la gestión administrativa de las entidades responsables.

Finalmente, el enfoque de control preventivo busca evitar el deterioro de las estructuras detenidas, la pérdida de recursos públicos y el riesgo de que nuevas paralizaciones comprometan la culminación de proyectos esenciales. Con un rol más facilitador, la Contraloría y los Órganos de Control Institucional promoverán espacios de diálogo y mesas de coordinación donde las entidades puedan asumir compromisos concretos que permitan reactivar obras en beneficio de la ciudadanía.