Tras los recientes movimientos sísmicos que sacudieron Lima y Callao en junio, el debate sobre la seguridad de nuestras viviendas vuelve a la agenda pública. El último Informe Económico de la Construcción de CAPECO alerta sobre la fragilidad de las edificaciones informales y propone una hoja de ruta clara: solo con más vivienda formal se puede reducir el riesgo y proteger la vida de millones de peruanos.

El sismo registrado el pasado Día del Padre volvió a poner en evidencia una cruda realidad: gran parte de las viviendas del país no resistirían un evento de mayor magnitud. Según el informe de CAPECO, aproximadamente el 70% de las unidades habitacionales en el Perú son construcciones informales, muchas de ellas levantadas en zonas no aptas, sin criterios técnicos y con materiales de baja calidad. Esta informalidad no solo es una expresión de desigualdad urbana, sino una amenaza directa a la vida de las personas.

El gremio recuerda un dato estremecedor: un estudio posterior al terremoto de Pisco (2007) concluyó que un sismo similar en Lima podría causar la muerte de más de 51 mil personas y el colapso de unas 200 mil viviendas. Las zonas de mayor riesgo se concentran en Lima Este, Norte y Sur, donde la expansión urbana informal ha sido la constante.

Entre 2008 y 2020, se construyeron 570 mil viviendas informales en la capital, el 86% en la periferia. Frente a este panorama, CAPECO plantea una meta ambiciosa pero urgente: construir 200 mil viviendas formales al año durante las próximas dos décadas. Actualmente, solo se levantan unas 60 mil en los mejores años.

“Alcanzar esta meta demanda que el Estado reconozca a la política de vivienda como una prioridad nacional, al mismo nivel que la educación, la salud o la protección social”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de CAPECO.

Para lograrlo, se requiere eliminar barreras a la oferta formal, mejorar el acceso al suelo urbano y garantizar servicios básicos. Programas como Techo Propio (en su modalidad de adquisición de vivienda nueva) y MiVivienda deben ser fortalecidos y ampliados. En su mejor momento, Techo Propio apenas llegó a producir 10 mil unidades anuales, cuando la demanda real requiere al menos 60 mil.

El gremio insiste en que la verdadera prevención no puede limitarse a respuestas de emergencia. “La seguridad sísmica comienza por el hogar. Necesitamos políticas sostenidas, planificación urbana y más vivienda formal. Solo así podremos reducir el riesgo y proteger el patrimonio de las familias peruanas”, concluyó el especialista.