La paralización de las obras bajo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) pone en riesgo la continuidad de proyectos estratégicos en el país y podría generar sobrecostos cercanos a los S/100 millones, advirtió Raúl Barrios, vocero del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Según indicó, la maquinaria y campamentos están siendo retirados, dejando solo vigilancia en las obras, lo que implica gastos adicionales que el Estado deberá asumir.
Barrios también alertó sobre la pérdida de más de 20,000 empleos vinculados no solo a los trabajadores en obra, sino a toda la cadena productiva que involucra a empresas medianas y pequeñas en regiones como Ica, Chiclayo, Piura, Tumbes y Cajamarca. La paralización afecta a múltiples sectores relacionados y pone en riesgo la economía regional.
El problema, explicó el vocero, se debe a que ANIN agotó rápidamente su presupuesto para el 2024 debido a su alta eficiencia en la ejecución. “El año pasado ejecutaron el 98% y a mayo ya tenían un 88%. Por eso se quedaron sin fondos y deberían haber recibido más en junio”, señaló. Esta situación, señaló, castiga la eficiencia y pone en peligro obras que están casi concluidas, con riesgos de pérdidas millonarias si llegan lluvias intensas.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que aumentar el presupuesto de ANIN en un 140% afectaría las reglas fiscales del país. Sin embargo, Barrios cuestionó esta postura y señaló que cada año el MEF devuelve miles de millones de soles no utilizados por otras entidades, lo que indica que sí hay recursos, pero deben ser redistribuidos mejor.
El vocero destacó que la paralización impacta especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no pueden resistir retrasos en los pagos. Muchas han recurrido al factoring para financiarse, y un incumplimiento de ANIN podría llevarlas a incumplimientos con bancos y aparecer en registros negativos como Infocorp, poniendo en riesgo su supervivencia.
La CCL solicitó una reunión con el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, para buscar soluciones que eviten la paralización. Mientras tanto, ya se reportan protestas y bloqueos en regiones como Huarmey y Casma. Barrios alertó que están parando 157 proyectos y que las empresas no pueden reanudar actividades sin los pagos correspondientes.
Entre las obras afectadas están 172 proyectos de inversión de ANIN, de los cuales 69 son drenajes pluviales y gestión de riesgos en zonas afectadas por fenómenos naturales, obras consideradas de emergencia desde hace años. Según Guido Valdivia, vicepresidente Ejecutivo de Capeco, paralizar estas obras perjudicaría a toda la cadena productiva y a las familias que dependen de estas infraestructuras.
El MEF, en un comunicado, recordó que el presupuesto aprobado para ANIN en 2025 es de S/3,131 millones, pero la demanda adicional de ANIN asciende a S/4,389 millones, un incremento del 140%. El ministerio advirtió que otorgar estos recursos sin respaldo fiscal pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el MEF indicó que está evaluando alternativas para atender de forma prioritaria las necesidades de ANIN dentro de los límites de gasto autorizados y bajo criterios de responsabilidad fiscal. Esta evaluación busca reasignar recursos disponibles sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.