El presupuesto asignado para el 2026 a la Contraloría General de la República asciende a los S/ 980.3 millones, pero la necesidad real de la institución es de S/ 1,234.8 millones, “un mínimo indispensable para que pueda cumplir con su función de vigilar el buen uso del gasto público, así como consolidar el control preventivo que es la herramienta más eficaz para proteger la inversión pública”, indicó el contralor general, César Aguilar Surichaqui.

Agregó que el presupuesto asignado a la Contraloría para el siguiente año resulta insuficiente e implica una reducción de más del 40% en comparación con el 2024, cuando sumó S/ 1,575 millones. Esta situación, afirmó, afectará la operatividad de los servicios de control a nivel nacional, considerando el próximo inicio del periodo electoral.

“Los S/ 254.5 millones de demanda adicional (que estamos solicitando) son la garantía de que la Contraloría pueda llegar a todo el país, sostener el control preventivo y transformar cada sol asignado en obras reactivadas, empleos en las regiones y confianza ciudadana en el Estado”, destacó Aguilar, en su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Con este nuevo enfoque de control preventivo se han reactivado 242 obras paralizadas, que representan más de S/ 4,500 millones en inversión recuperada.

Estas obras significan servicios de salud, vivienda, educación, saneamiento y transporte.

Panorama para el 2026

Aguilar señaló que, para el 2026, se tiene prevista la reactivación de 300 obras públicas bajo la modalidad de control preventivo, con una inversión valorizada en S/ 11,564 millones. Esto permitirá generar más de 370,000 empleos directos e indirectos y beneficiar a más de 7.8 millones de ciudadanos a nivel nacional.

“Estos resultados no solo reactivan la economía y garantizan la continuidad de proyectos esenciales en salud, educación, transporte y saneamiento, sino que también refuerzan la confianza de la ciudadanía en el uso correcto de los recursos públicos”, explicó.

Añadió que, para el 2026, se tiene como meta institucional ejecutar 33,300 servicios de control, de los cuales más de 22,600 serán de carácter preventivo y simultáneo.

Aguilar destacó que, de contar con el presupuesto solicitado, la Contraloría General estará en capacidad de mantener en sus puestos a más de 4,000 auditores desplegados en los 691 órganos de control institucional a nivel nacional, así como cubrir con los costos de sus viáticos, traslados y servicios básicos, imprescindibles para que los equipos de control lleguen a cada rincón del país.

También podrían modernizar infraestructura y tecnología a través del proyecto de inversión institucional, asegurando un control más ágil y efectivo; además de cumplir con las sentencias judiciales y mandatos internacionales protegiendo la seguridad jurídica del Estado.