La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) exhorta a las entidades del Estado y al Congreso de la República a reforzar la previsibilidad en la gestión del presupuesto público, asegurando una adecuada asignación y ejecución de recursos destinados a proyectos de infraestructura. En esta perspectiva debemos señalar lo siguiente:

1.- Una gestión presupuestal responsable debe garantizar la continuidad de las inversiones públicas y proteger la cadena de pagos, la cual sostiene el empleo formal y promueve la confianza entre Estado, empresas y ciudadanía.

Según Informes de Contraloría, la falta de recursos financieros es la segunda causa más frecuente de paralización de obras públicas (21,3% del total nacional), sumado a las dificultades recurrentes en el pago de valorizaciones y liquidaciones de obra. Estas generan demoras, afectan la sostenibilidad de las empresas contratistas y rompen la cadena de pagos en todo el sistema de ejecución pública.

2.- Una buena gestión y manejo de recursos del Estado requiere integridad, transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente, rechazando todo acto de dilación, retención y demora en el cumplimiento del pago y obligaciones de las entidades, así como todo acto o indicio de corrupción por parte del sector público o privado.

3.- La participación de empresas constructoras peruanas en el desarrollo de obras de infraestructura del país y la participación del ejercicio profesional de nuestros ingenieros requiere modificar las disposiciones lesivas contenidas en las bases estándar del Reglamento de la Ley de Contrataciones, las cuales solicitan certificaciones exclusivamente internacionales a los ingenieros, generando un trato desigual que beneficia de manera desproporcionada a empresas extranjeras y profesionales formados fuera del país, atentando contra el ejercicio libre y justo de esta profesión en el Perú.

4.- La incorporación de convenios gobierno a gobierno en la nueva Ley de Contrataciones Públicas y encargos de procesos de adjudicación a organismos internacionales y otras entidades presumen una abierta discriminación a empresas y profesionales peruanos, privándolos de participar con barreras de entrada que solo permiten cumplir los requisitos a empresas y profesionales extranjeros.

Los convenios y encargos bajo esta modalidad deben ser debidamente sustentados cuando exista necesidad técnica especializada y obras con alta complejidad.