El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) reafirma su liderazgo institucional al mantener la recertificación internacional sobre la base de la Norma ISO 37001:2016, tras superar con éxito la auditoría de primer seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). Este logro ratifica su compromiso con una gestión transparente y ética, orientada a la prevención y lucha contra la corrupción.
El reconocimiento fue otorgado por Global Certification Bureau, la cual certificó la efectividad de los mecanismos implementados por el MVCS para prevenir, detectar y enfrentar actos de soborno. Esta recertificación destaca el esfuerzo continuo del sector por fortalecer una cultura organizacional basada en valores y cumplimiento normativo con un enfoque ciudadano.
Desde el Ministerio de Vivienda se afirmó que la actual gestión seguirá impulsando políticas que garanticen que los proyectos y servicios que brinda el sector cumplan estrictamente con todas las medidas de integridad y cero tolerancia a la corrupción.
Desde su certificación en el 2021, el MVCS ha sostenido un proceso riguroso de mejora continua. En el 2024 obtuvo la recertificación del SGAS, y recientemente, durante los días 19 y 20 de agosto de 2025, se sometió a una nueva auditoría donde se evaluó el cumplimiento de los estándares ISO 37001 en diversas áreas, incluyendo la Alta Dirección y la Oficina de Integridad, así como programas y direcciones clave.
Esta última auditoría validó 13 procesos institucionales esenciales que impactan directamente en la población. Entre ellos, destacan la vivienda rural, bono familiar habitacional, mejoramiento integral de barrios, gestión de maquinarias, proyectos de inversión en saneamiento urbano y rural; así como áreas de adquisiciones, gestión humana, financiera y contable, imagen institucional y transparencia y acceso a la información pública.
El mantenimiento de esta recertificación es una muestra evidente del compromiso del MVCS con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, promovida por el Estado Peruano a fin de consolidar instituciones públicas transparentes, éticas y responsables al servicio de la población.
