En 2021, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) adjudicó a la empresa española IBT Sucursal del Perú, seis contratos para la construcción y rehabilitación del mismo número de hospitales en Áncash y La Libertad, por un total de S/543 millones.

El monto inicial de los proyectos aumentó a S/2,572 millones (aproximadamente un 373% adicional), y, sin embargo, las obras solo han avanzado un promedio de 50%, cuando debieron entregarse en 2022. Tres años después, los trabajos están suspendidos “por falta de presupuesto”.

La República consultó con funcionarios de ANIN y de la constructora IBT Sucursal del Perú sobre las razones del incumplimiento de los contratos. Ambos se cruzaron imputaciones.

En 2021, bajo la modalidad de contrato de Gobierno a Gobierno, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ahora ANIN), otorgó a la Embajada del Reino Unido la adjudicación de la construcción o rehabilitación de los seis hospitales. A su vez la legación diplomática concedió los contratos a IBT Sucursal del Perú, la misma que se consorció con otra compañía.

• Las obras adjudicadas son las siguientes:
• Ampliación del hospital de apoyo de Caraz San Juan de Dios, Áncash.
• Reconstrucción del Centro de Salud San Nicolás, Áncash.
• Recuperación del Hospital Provincial de Cascas, La Libertad.
• Recuperación del Hospital de Apoyo de Casma, Áncash.
• Mejoramiento del hospital de apoyo de Recuay, Áncash.
• Ampliación del Hospital Antonio Caldas Domínguez, Áncash.

Hospitales solo en el papel

Las seis obras se iniciaron con un total de S/543 millones en el gobierno de transición de Francisco Sagasti. La ejecución continuó en los mandatos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, los que también aprobaron montos millonarios hasta cuadriplicar los costos originales.

El Consorcio Suyay II (IBT Sucursal del Perú y GCZ Ingenieros), es responsable de la ejecución de cinco de los seis hospitales. Firmó dos contratos el 25 de mayo de 2021: en el primero se incluyeron el hospital de Caraz, el puesto de salud de San Nicolás, ambos en Áncash; y el hospital de Cascas ubicado en La Libertad, todo por un total de S/205 millones.

Para las obras en Áncash la fecha de entrega se fijó el 10 de octubre de 2022, y para el de La Libertad, el 13 de abril del mismo año.

El segundo contrato comprendió la edificación de los hospitales de Casma y Recuay, en Áncash, por S/205 millones. La fecha de entrega de las obras de la infraestructura de Casma se señaló para el 10 de octubre de 2022 y el de Recuay el nueve de noviembre del 2022.

El Consorcio Perú Health (IBT LLC Sucursal del Perú y PDCI Peruana de Construcción e Infraestructura) se quedó a cargo del hospital Antonio Caldas Domínguez, en Áncash.

De acuerdo con el contrato firmado el dos de febrero de 2021, la obra que beneficiaría a 49 mil ancashinos debió de ser concluida el 21 de mayo de 2022 y el presupuesto destinado fue de S/132 millones.

En ninguno de los seis casos se cumplió con la fecha. En realidad, al día de hoy, las obras están suspendidas indefinidamente.

Sin embargo, desde la firma de los contratos hasta este año, los presupuestos para la construcción de los seis hospitales que beneficiarían a 240,000 ancashinos y 31,000 liberteños se han disparado indiscriminadamente. Ni la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ni los consorcios se quieren hacer responsables por el descarado incremento presupuestal. Tampoco responden por la paralización de los nosocomios- ¿los únicos perjudicados? Los ciudadanos.

El Centro de Salud San Nicolás, en Áncash es la obra que más inversión requirió pero menos avanzó. Pese a que inició con un presupuesto de S/14 millones y aumentó hasta llegar a los S/74 millones, la construcción solo avanzó un 12%.

Una racha de acusaciones mutuas

Voceros de la ANIN informaron a La República que los costos para la edificación de los establecimientos de salud fueron bajas, porque al momento de la suscripción de los contratos la desaparecida Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) no consideró los estudios de preinversión, ni expedientes técnicos completos de las obras.

“Se basaron en fichas técnicas simples, que comprendían básicamente la reconstrucción de algunos de los elementos dañados de los establecimientos de salud y reposición de algunos equipos, entre otros”, explicaron.

En consecuencia, se debieron efectuar demoliciones mayores y la ampliación de áreas, por ello los costos tuvieron que incrementarse.

“Los expertos técnicos realizaron las evaluaciones de las estructuras dañadas y consideraron la demolición de la totalidad o de la mayor parte de las mismas, por lo que las áreas que inicialmente se tenían previstas construir se vieron incrementados”, dijeron los voceros de la ANIN.

Para este organismo público, el cambio en los costos también obedece a las condiciones del mercado, las que han evolucionado desde la adjudicación del proyecto (2020-2021) hasta la actualidad.

Además, factores como la inflación y las complicaciones de acceso derivadas de la ubicación geográfica de algunas obras, como las del hospital Antonio Caldas Domínguez y Cascas, dieron lugar a costos iniciales que no representaban adecuadamente la realidad del mercado.

De otro lado, La República solicitó a los consorcios Suyay II y Perú Health una explicación sobre las razones por las cuales hubo un incremento en el presupuesto de las obras y por qué todavía no completan los trabajos pese al tiempo transcurrido.

Solo el Consorcio Suyay II (a cargo de cinco proyectos) respondió alegando que la responsabilidad por los sobrecostos es de la ANIN.

“Es importante destacar que dicho incremento no ha sido iniciativa del Consorcio Suyay II, sino que se debe exclusivamente a: (1) Deficiencias en los presupuestos referenciales iniciales elaborados y proporcionados por la ANIN,(2) resultado del diseño y condiciones del sitio de las obras y, (3) Mayores requerimientos solicitados por la ANIN, con la asistencia técnica de sus asesores del Reino Unido (UKDT) e incluso intervención de Dirección Regional de Salud, luego de firmado el respectivo contrato y durante la ejecución del mismo”, precisaron los voceros del consorcio.

También indicaron que fue a solicitud de Autoridad Nacional de Infraestructura que las obras han quedado paralizadas. Además, los culparon por la demora en aprobaciones y pagos.

“El proyecto no ha terminado en el plazo original del contrato por: (1) Demoras de la ANIN en aprobaciones de diseños y procuras, y, (2) Falta de pago oportuno por parte de la ANIN”, anotaron.

Según los funcionarios de la ANIN argumentaron ante el consorcio, no cuentan con fondos para financiar la continuación de la ejecución de las obras. El presupuesto inicial se disparó en 373% y no ha sido suficiente para que entreguen los hospitales.