Ante las emergencias que afectan a Tumbes, Piura, Ica, Arequipa, Tacna y otras localidades del país, el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advirtió que los daños ocasionados por lluvias intensas, activación de quebradas e inundaciones evidencian serias deficiencias en la gestión pública del riesgo de desastres.

El decano nacional, Ing. Jaime Ruiz Bejar, señaló que estos eventos no deben seguir calificándose como “desastres por fenómenos naturales”, sino como consecuencias de decisiones que omitieron criterios técnicos y una adecuada planificación. “Lo que enfrentamos no es solo un fenómeno natural, sino el resultado de no incorporar la gestión del riesgo como eje central del desarrollo”, enfatizó.

Ruiz Bejar recordó que el país cuenta con la Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), cuya implementación efectiva continúa pendiente en los tres niveles de gobierno. “La improvisación cuesta vidas y millones en pérdidas económicas; la gestión del riesgo debe orientar toda política pública”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del CIP, Ing. Luis Morán, viajó a Arequipa para evaluar en campo los daños en infraestructura y sistemas urbanos. Subrayó la necesidad de aplicar estrictamente la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en sus componentes prospectivo, correctivo y reactivo, prohibiendo proyectos que nazcan con vulnerabilidades, interviniendo infraestructura crítica existente y reconstruyendo bajo estándares de resiliencia.

En el ámbito prospectivo, indicó que se debe impedir el asentamiento poblacional en zonas de alto riesgo y garantizar que toda inversión pública cuente con estudios técnicos vinculantes. En el componente correctivo, urgió evaluar y reforzar sistemas de drenaje, defensas ribereñas y vías estratégicas. En la gestión reactiva, demandó que los procesos de reconstrucción incorporen criterios de ingeniería resiliente y estándares actualizados.

La reciente activación de quebradas que permanecieron inactivas por décadas en la ciudad de Arequipa demuestra los riesgos de planificar el desarrollo urbano en zonas vulnerables. Un análisis técnico de áreas afectadas, como la quebrada Chullo, confirma que se trata de cauces naturales destinados a desfogar caudales excepcionales, aunque estos se presenten en periodos prolongados. Lo ocurrido en Trujillo (2017), Mirave (2019) y ahora Arequipa evidencia que ocupar torrenteras, aun cuando hayan permanecido inactivas por años, constituye una decisión de alto riesgo. El país cuenta con numerosos ejemplos que así lo demuestran.

El CIP advirtió además que el Fenómeno El Niño previsto para 2026 obliga a adoptar decisiones técnicas de largo plazo, priorizando la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. “No basta con responder a la emergencia; debemos anticiparnos al riesgo con planificación y obras sostenibles”, reiteró Ruiz Bejar.

Finalmente, el gremio reafirmó su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de incorporar formalmente las recomendaciones técnicas de la ingeniería peruana en la toma de decisiones. El CIP subrayó que solo mediante una planificación integral y una gestión basada en evidencia se evitará que la destrucción se repita de manera cíclica en el país.