Carlos Estremadoyro Mory

Especialista en Infraestructura y exministro de Transportes y Comunicaciones

La coyuntura política nos está distrayendo de importantes decisiones que debemos definir como país en el plazo más breve posible para alcanzar el destino que anhelamos en los próximos años para nuestra patria. Una de ellas es, sin duda, la actualización y ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).

En julio del 2019 se aprobó el primer PNIC, como un esfuerzo para organizar el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura de manera armónica y poder empezar a cerrar la enorme brecha que existe, atendiendo las necesidades básicas de la población en salud, educación, transportes, agricultura, saneamiento, energía, entre otros.

Participaron más de 350 actores de la sociedad civil, la academia, los ministerios y tuvimos el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del gobierno británico. Así, se priorizaron 52 proyectos por un monto estimado en S/ 112,000 millones, de una brecha identificada en 363,000 millones en ese momento. A partir de este trabajo se han iniciado algunos de estos proyectos, ya sea con inversión privada, a través de las distintas concesiones (principalmente en puertos y aeropuertos); con inversión compartida, entre el Estado y los privados; y, por último, con obras públicas.

Sin embargo, y de manera acertada, también se contempló que como todo plan es dinámico y debe adecuarse a la realidad del momento, esta priorización debía actualizarse cada tres años, por lo que recientemente se ha iniciado la actualización del Plan para los próximos años (2022-2025).

Sin embargo, las prioridades por la pandemia del Covid-19 y las nuevas condiciones mundiales de movimiento de capitales, nos ponen en un escenario distinto en el que, si sabemos sacar provecho como país, podemos acelerar la ejecución de más proyectos que ayuden a cerrar esa enorme brecha de infraestructura necesaria para acercarnos a las condiciones básicas de países más desarrollados en competitividad y calidad de vida de sus ciudadanos.

Conviene tener en cuenta que los criterios que se están utilizando para la priorización de los proyectos, son casi los mismos con los que se analizó el Plan 2019, por lo que la gran limitante será nuevamente el financiamiento. No obstante ello, si consideramos que la paralización mundial por la pandemia ha puesto a disposición del mercado grandes capitales y que algunos países están dispuestos a invertir en el Perú, a través del sistema gobierno a gobierno, con tasas de financiamiento muy por debajo de las tasas de colocación de bonos o de los préstamos de los organismos multilaterales tradicionales, podremos conseguir, no solo el acompañamiento adecuado para la generación de infraestructura compleja, si no que nos dejaría fondos propios disponibles para otro tipo de infraestructura social, tan necesaria para atender las necesidades de nuestra población a lo largo y ancho del país.

A través de estas excelentes oportunidades financieras podríamos realizar obras como las cada vez más necesarias Líneas 3 y 4 de Metro de Lima, o los sistemas pesados de transporte en algunas importantes ciudades del resto del país. También los anunciados trenes Grau y Pachacútec, cuyos primeros tramos deberían ser los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Pativilca, por la alta demanda que va a generar el futuro puerto de Chancay al norte y el Puerto San Martín en Pisco. Asimismo, podríamos iniciar las obras de cabecera para abastecer de agua potable a una Lima que sigue y seguirá creciendo, a grandes pasos, pero sin planificación.

Asimismo, pese a que también se contaba con el marco legal para ejecutar de una manera más acelerada toda esta infraestructura contemplada en el Plan (a través del DU-021 y DS-119 emitidos a inicios del 2020), usando las herramientas de los PMO (ojo, pueden ser con contratos de gobierno a gobierno o contratando directamente a los PMO) y usando contratos NEC y FIDIC (mucho más agiles y menos engorrosos que la normativa nacional); aún no se ha utilizado este nuevo marco legal en toda su extensión y, dentro de el puede hacerse mejoras para acelerar los permisos ambientales, culturales y las expropiaciones, que suelen ser trámites muy engorrosos y que ralentizan la ejecución de los proyectos, afectando la economía del país. Para ello se han dado las facultades de creación de Proyectos Especiales de Inversión Pública. Es momento de utilizar estos mecanismos y recuperar el tiempo perdido. Aún es posible.

En resumen, existe la base para revisar la parte técnica y normativa de los proyectos priorizados y, a partir de la experiencia recogida en su ejecución, revisar y mejorar toda la normatividad de contrataciones de consultoría y ejecución de obras de infraestructura vigente, tan abundante, compleja y con muchos vacíos que permite la paralización de obras por leguleyadas, en perjuicio de la población que espera y necesita de dicha infraestructura.

En esta actualización del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, tenemos la enorme oportunidad de ajustar no solo la lista de proyectos, sino también la forma de ejecutarlos y financiarlos. Solo debemos ver más allá de lo evidente (y lo clásico, que ya no funciona).