Las asociaciones público-privadas (APP) se han consolidado como una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo de infraestructura en el Perú. Este mecanismo permite que el sector privado participe en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de obras públicas mediante contratos de largo plazo, contribuyendo a cerrar brechas históricas en servicios esenciales para la población.

De acuerdo con la normativa vigente, las APP constituyen una modalidad de participación de la inversión privada que busca distribuir adecuadamente los riesgos entre el Estado y las empresas, garantizando al mismo tiempo estándares de calidad y sostenibilidad en la prestación de servicios públicos. Su objetivo va más allá de la construcción de infraestructura, al incorporar compromisos de operación y mantenimiento durante toda la vida útil de los proyectos.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) destaca que el principal valor de las APP no radica únicamente en la movilización de capital privado, sino en la generación de incentivos para optimizar el desempeño de los proyectos a largo plazo. Al integrar construcción y operación bajo un mismo contrato, se promueve una gestión más eficiente en términos de costos, calidad y sostenibilidad.

La entidad también subraya que la correcta identificación y asignación de riesgos —constructivos, operativos, financieros o regulatorios— es fundamental para asegurar la viabilidad de cada iniciativa. En los últimos años, además, este modelo ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza, así como una mayor participación de inversionistas institucionales.

En el caso peruano, las APP han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de infraestructura estratégica. Entre 2002 y 2024, ProInversión adjudicó 69 proyectos vinculados a transmisión y generación eléctrica por cerca de US$ 10.000 millones, reflejando la importancia de este mecanismo para ampliar y modernizar la capacidad energética del país.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, recordó que el impulso de las asociaciones público-privadas comenzó tras el proceso de privatizaciones desarrollado a finales de la década de 1990. Según explicó, la necesidad de contar con una participación más activa del sector privado en la ejecución de grandes obras llevó a diseñar un modelo orientado a fortalecer la infraestructura nacional y promover el crecimiento económico.

Entre los proyectos emblemáticos impulsados bajo este esquema figuran la concesión del puerto de Matarani, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, diversas carreteras integradas y sistemas de transmisión eléctrica. Más adelante se sumaron iniciativas de gran escala como la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto de Chincheros y el Gasoducto Sur Peruano, que marcaron una nueva etapa en el desarrollo de las APP en el país.

Para Del Carpio, el panorama de inversión en infraestructura mantiene perspectivas favorables. Destacó que desde 2023 se observa una recuperación en el ritmo de adjudicación de proyectos y aseguró que durante 2026 se concretarán nuevos acuerdos relevantes que permitirán continuar ampliando la participación privada en sectores estratégicos.

Entre las principales iniciativas impulsadas este año destaca la adenda del Segundo Grupo de Aeropuertos, que contempla inversiones por US$ 475 millones destinadas a nueva infraestructura aeroportuaria y beneficiará a más de 1,1 millones de personas. Asimismo, resalta la adenda de Cálidda, que permitirá expandir la distribución de gas natural a siete regiones del país mediante inversiones estimadas en US$ 643 millones y con potencial para atender a más de 150 mil hogares.

Por sectores, ProInversión ha identificado oportunidades significativas de inversión. En saneamiento se proyectan más de US$ 2.500 millones en seis regiones; en energía y minas, más de US$ 3.100 millones en 13 regiones; en educación, más de US$ 700 millones; en transporte, alrededor de US$ 1.500 millones; y en turismo, cerca de US$ 400 millones. Estas iniciativas buscan beneficiar a millones de ciudadanos mediante la mejora de servicios e infraestructura clave para el desarrollo.

El desafío, según Del Carpio, es pasar de una visión basada en obras aisladas a una estrategia articulada mediante ejes de desarrollo que potencien las capacidades productivas de cada región. En un contexto donde el déficit de infraestructura del Perú supera los US$ 110.000 millones, las asociaciones público-privadas aparecen como una herramienta fundamental para acelerar inversiones, generar empleo y contribuir a reducir las brechas sociales y económicas del país.