Sáb. May 25th, 2024

Agudización de crisis política y erosión de gestión estatal aumentan riesgo de caída de construcción en 2022 y 2023

  • PBI construcción creció 1.4% en marzo y habría subido 3.1% en abril. Tendencia se revertiría por falta de recursos en vivienda social, retrasos de obra pública y conflictos mineros
  •  Recursos para subsidios de vivienda se agotarán en junio, presupuesto adicional solicitado por Ministerio de Vivienda solo permitirán llegar a 43 mil viviendas este año, 24% menos que el 2021
  • Obra pública cayó 5.4% en marzo por paralización de obras y demoras en licitaciones atribuibles a barreras en normativa de contratación pública
  • La falta de estrategia del gobierno impide la reactivación de la producción y de la inversión minera
  • Para evitar nueva contracción en 2023, CAPECO propone: nueva Ley de Contrataciones, Ley de Financiamiento Habitacional y Plan de Desarrollo Integral en zonas de influencia de actividades mineras

Lima, mayo del 2022.- El más reciente Informe Económico de la Construcción – IEC #53 de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, sostiene que las perspectivas del sector para todo el 2022 siguen siendo inciertas, principalmente por la persistencia de la crisis política, la demora en la toma de decisiones que impulsan la inversión pública y privada, el impacto en el incremento de los costos de materiales de construcción y el persistente conflicto social que impide el desarrollo de proyectos mineros y energéticos.

A ello se suma la pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares de menores ingresos que afecta al segmento de la construcción informal. Sin embargo, la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el desempeño sectorial al cierre del presente año es de un crecimiento de 1.2%, contrastado con la del BCRP (0.5%) y las de consultoras privadas (entre -1.8% y -8.9%). Para el MEF, la inversión pública aumentaría este año 11.0%, previsión que es siete puntos porcentuales más que el BCRP y mucho más alta que las de agencias privadas. En cuanto a la inversión privada, el Ministerio coincide con el BCRP, en el sentido de que ésta se estancará en el 2022, aunque el resto de entidades consultadas prevén una baja de entre 3% y 5%.” sostiene Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO.

Además, pese a todos los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Vivienda, los programas de vivienda social se han visto perjudicados por la insuficiencia de recursos para subsidios que, a la fecha, alcanzan hasta junio con un monto de 614 millones de soles para financiar 21 mil bonos, lo que equivale al 37% de los desembolsados el año pasado. “Si bien existe un reajuste interno de metas, en el que se espera obtener 110 millones de soles adicionales y lograr 621 millones más con la Ley que se está tramitando para conseguirlos, se promoverán 43 mil viviendas este año, que es 24% menos que el 2021”, añade Valdivia.

CAPECO afirma que también hay un retraso para incrementar los precios máximos de las viviendas que pueden financiarse a través de Mivivienda y Techo Propio, lo cual perjudica la generación de oferta y también del valor de los subsidios que se otorgan a los hogares que recurren a dichos programas, lo que reduce sensiblemente la demanda.

Otro de los problemas que afectan directamente al sector, es el incremento del riesgo de paralizar obras públicas y de anular o declarar desiertos los procesos de licitación, a consecuencia de la persistencia de disposiciones del reglamento como en la ley de contrataciones públicas, del retraso en los indicadores que actualizan los costos de construcción y por los indicios de corrupción que se habrían cometido en recientes procesos de contratación.

El Director Ejecutivo, comenta además que “la falta de una estrategia apropiada para resolver la conflictividad social, ha paralizado las actividades productivas y las inversiones en las minas de Las Bambas, Antapaccay y Cuajone – que en conjunto representan más de un tercio de la producción nacional de cobre – y que puede extenderse porque hay otros conflictos latentes que podrían activarse por la actitud pasiva del gobierno para solucionarlos y por el inicio de la campaña electoral municipal y regional, en la que muchos candidatos adoptan una posición anti-minera. No podemos dejar de lado los constantes cambios de funcionarios públicos encargados de sectores clave para la ejecución de inversiones estatales y para la promoción de inversiones privadas. Con escasa preparación y experiencia se pone en peligro la continuidad y calidad de las obras así como los procesos de contratación.

Para CAPECO, parte importante de las decisiones requeridas para abordar estos problemas recaen en el Ministerio de Economía y Finanzas que, aparentemente, por el optimismo de sus más recientes proyecciones sobre producción sectorial e inversión, parece no considerar urgente implementarlas.

En marzo, la construcción creció en 1.4%, cifra ligeramente inferior a la estimación preliminar de CAPECO en el IEC #52 (1.5%). El avance de la obra pública tuvo un desempeño peor del proyectado (-5.7% versus -4.3%). Sin embargo, para abril, la Cámara Peruana de la Construcción proyecta un aumento de 3.1% en el PBI sectorial, con lo que la actividad constructora sumaría dos meses consecutivos al alza, luego de cinco meses de desempeño negativo.

Sobre los desembolsos de créditos hipotecarios, este creció en 17.1% en marzo respecto al mes previo, aunque cayó 13.0% en comparación con el mismo mes del 2021, esta retracción del indicador interanual se explica por el fuerte descenso (16.8%) de los créditos otorgados con recursos propios de las instituciones financieras privadas, mientras que aquellos concedidos con recursos de Mivivienda solo descendieron en 0.7%.  

Los precios de materiales como el cemento y la loseta se incrementaron en marzo, 4.4% y 3.7% respectivamente, respecto al mismo mes del 2021. Los ladrillos de arcilla (0.4%) y acero de construcción (1.4%) se contrajeron ligeramente. Sin embargo, la inflación de estos dos ítems fue de 51.4% y 46.9% en comparación con abril del 2020 cuando se inició la pandemia de la COVID-19. “Es importante señalar que, aunque esta ola alcista tiene un alcance global, el Perú ha experimentado una mayor afectación” complementa Valdivia.

Finalmente, CAPECO remarca que deben aplicarse medidas de corto plazo para evitar un estancamiento o caída del PBI de la construcción (Anexo 1). Para el director ejecutivo “es indispensable empezar a discutir las iniciativas legislativas y de política pública que deben tomarse para asegurar un desempeño de la construcción e inversión en el 2023 y los años subsiguientes. Por eso, planteamos, entre otras, tres propuestas que adquieren hoy de singular urgencia”. (Anexo 2).

ANEXO 1

MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR ESTANCAMIENTO DEL SECTOR EN 2022

  1. Modificación del reglamento de contrataciones públicas.
  2. Aprobación de un crédito suplementario para que al menos se desembolsen este año 57 mil subsidios (el mismo número que en el 2021).
  3. Actualización de la metodología que utiliza el INEI para actualizar los costos de construcción.
  4. Dación de una norma, similar a la que se aprobó en los primeros meses de la pandemia (Decreto de Urgencia Nº 1486), para facilitar el reconocimiento de mayores gastos en obras que deben acordar las entidades públicas ejecutoras y las contratistas.
  5. Constitución de Mesas de Desarrollo para resolver los conflictos vinculados a proyectos mineros, a cargo de funcionarios del gobierno central debidamente empoderados.

ANEXO 2

PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

  1. La aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado, que permita – entre otras cosas, fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos encargados de la contratación; promover la participación de entidades representativas de la sociedad civil en los procesos de contratación; mejorar la calidad de los expedientes técnicos; adoptar mejores criterios para la selección de propuestas; garantizar la igualdad de condiciones entre empresas extranjeras y nacionales; ampliar y hacer más razonable el esquema de garantías requeridas a los contratistas; establecer mecanismos más eficiente de control de la ejecución y de solución de controversias; sancionar apropiadamente los delitos de corrupción.
  1. La aprobación de una Ley de Financiamiento Habitacional, que organice todos los programas estatales de vivienda y desarrollo territorial, tanto en áreas urbanas como rurales, así como el mejoramiento integral de barrios, asegurando además la sostenibilidad de los recursos presupuestales que se les asignen para el otorgamiento de subsidios y créditos habitacionales, con la finalidad de evitar cortes presupuestales y alcanzar los niveles de inversión requeridos para construir 2 millones 100 mil viviendas y recuperar integralmente los 10.000 barrios marginales existentes en las 43 ciudades más grandes del país en un plazo de quince años.

Ello implicaría alcanzar un 80% de formalidad en la producción habitacional, incorporar a casi el 45% de la población urbana del país a los beneficios de la integración social y espacial y reducir sensiblemente la precariedad del hábitat rural

  • Priorizar los recursos asignados al otorgamiento de subsidios habitacionales bajo criterios de progresividad (a más necesidad, se asignan más recursos), factibilidad (existencia de oferta y demanda) y transparencia en la asignación. Los programas de vivienda deben atender las necesidades habitacionales de las familias, entendiendo que éstas difieren por área geográfica (urbana, rural), condición socio-económica (sectores no pobres, pobres no extremos, pobres extremos) y el tipo de solución habitacional preferida (adquisición, construcción, mejoramiento o alquiler de vivienda).
  • Establecer la obligación de que el Estado fije un monto mínimo y creciente para el otorgamiento de subsidios habitacionales en el Presupuesto General y en el Marco Macro-económico Multianual.
  • Implementar incentivos para que los Gobiernos Regionales y Provinciales destinen recursos del canon y de las regalías para financiar el otorgamiento de subsidios de vivienda y de mejoramiento de barrios a través de sus propios programas habitacionales y de desarrollo urbano.
  • Determinar un mecanismo transparente para la actualización periódica y automática del monto a subsidiar por cada solución habitacional, así como para establecer subsidios diferenciados por zona geográfica.
  • Estimular la competencia entre instituciones financieras y la incorporación de nuevos operadores, con el propósito de extender el crédito hipotecario y reducir las tasas de interés para las familias que pertenecen a los segmentos de menores ingresos y para quienes viven en el interior del país.
  • Revisar periódicamente los propósitos institucionales del Fondo Mivivienda, priorizando la asignación de mayores recursos a promover el acceso a la vivienda a los sectores de menores ingresos, utilizando mecanismos como el seguro hipotecario o la securitización de cartera.
  • Fortalecer los mecanismos de ahorro previo en las instituciones financieras intermediarias, para favorecer el acceso al crédito hipotecario a grupos poblacionales con ingresos informales.
  • Establecer un sistema de información habitacional y urbana para sustentar la actualización de los programas, políticas y prioridades de la política habitacional y facilitar decisiones entre actores públicos y privados, incluida la ciudadanía.
  • Recuperar el modelo de intervención integral en los proyectos de mejoramiento de barrios y de vivienda rural, procurando en ambos casos desarrollar componentes de vivienda, de mejoramiento de infraestructura social y de generación de oportunidades de empleo, así como la asignación de subsidios a través de concursos públicos.
  1. La implementación de un Plan de Desarrollo Integral en zonas de influencia directa de actividades mineras que busque lograr acuerdos entre las comunidades, las autoridades locales y las empresas mineras para permitir que el beneficio de estas inversiones llegue a esta población. Este plan debe incluir:
  • Un Plan Urbano y de desarrollo local, en base a un diagnóstico y con participación social se define un modelo de desarrollo territorial del distrito, se establecen las prioridades de inversión y los proyectos disparadores incluyendo vivienda, servicios públicos y mejoramiento productivo
  • Un Programa habitacional, destinado a cubrir las necesidades de vivienda y acceso a servicios públicos y equipamiento básico de toda la población residente en la zona de influencia directa.
  • Un Programa de Mejoramiento productivo, que procurará generar mejoras de productividad de las actividades económicas locales, teniendo en cuenta que una parte importante de la población en zonas de influencia minera vive del autoconsumo
  • Una Estrategia Integral de Comunicación, para difundir el modelo de intervención y de colaboración a nivel de la comunidad, de la región y del país poniendo de relieve la participación de la minería en la generación de bienestar. Contemplará acciones previas, concurrentes y posteriores a la ejecución del proyecto.
  • Un Mecanismo de Evaluación de Impacto, que busca medir los beneficios de la intervención mediante una investigación previa y posterior a la puesta en ejecución del proyecto, utilizando una comunidad testigo. Los resultados de este estudio permitirán afinar el modelo con miras a optimizar el alcance del programa.

CAPECO viene trabajando propuestas para estas tres iniciativas y tienen el propósito de consensuarlas con otras entidades representativas del sector construcción y luego con los poderes del Estado, idealmente en el ámbito del Acuerdo Nacional. Por lo pronto, estos planteamientos forman parte del Pacto para construir un Perú mejor, suscrito con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y presentado al Presidente de la República. Además, la Cámara no se va a sustraer de su obligación de tomar parte en el proceso de diálogo para alcanzar el amplio acuerdo que requiere nuestro país para superar esta coyuntura crítica.

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