Nueve alcaldes distritales de Lima solicitaron la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional del Perú (PNP) “para combatir con firmeza a las mafias criminales dedicadas al tráfico de terrenos que lucran con la necesidad de la población y la exponen a situaciones de riesgo”.

El texto es suscrito por Rennán Espinoza (Puente Piedra), Ulises Villegas (Comas), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho), Samuel Daza (Ancón), George Robles (Santa Rosa), Alfredo Reynaga (Independencia), Luis De La Mata (Breña), Richard Soria (El Agustino) y Néstor De La Rosa (Rímac).

El comunicado ‘Por la vivienda digna y formal’ plantea también que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) adopte “medidas inmediatas para promover el desarrollo de ciudades y centros poblados sostenibles, inclusivos, democráticos y accesibles”.

En el documento, exhortan a las autoridades a realizar las acciones necesarias para asegurar en el presupuesto público del 2024, el incremento y sostenibilidad de los recursos destinados al financiamiento de subsidios para la vivienda social, que permitan satisfacer las necesidades de vivienda de miles de hogares.

A continuación, reproducimos el texto del comunicado:

POR LA VIVIENDA DIGNA Y FORMAL

Ante la impostergable y urgente responsabilidad de brindar a los ciudadanos mejores condiciones para su desarrollo personal, social y económico; los alcaldes que suscribimos a continuación, efectuamos el siguiente pronunciamiento público: 

1. RECONOCEMOS que la vivienda constituye un pilar básico y fundamental para el desarrollo integral del ser humano. Los proyectos formales de vivienda, traen consigo los servicios de agua, saneamiento y de electricidad que las personas necesitan para tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, al estar ubicados en zonas consolidadas de las ciudades, dotadas de vías de acceso, zonas de recreación, servicios de salud y educación, entre otros; generan mayores oportunidades de empleo, seguridad y menor tiempo de traslado para sus actividades cotidianas.  

2. SALUDAMOS las decisiones adoptadas por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el relanzamiento del Fondo Mivivienda que demuestran el compromiso de su gestión en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como el impulso y promoción de la Vivienda de Interés Social. En ese sentido, EXHORTAMOS a las autoridades competentes a realizar las acciones necesarias para asegurar en el presupuesto público del año 2024, el incremento y sostenibilidad de los recursos destinados al financiamiento de subsidios para la vivienda social, que permitan satisfacer las necesidades de vivienda de miles de hogares. 

3. SOLICITAMOS al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, adoptar medidas inmediatas para promover el desarrollo de ciudades y centros poblados sostenibles, inclusivos, democráticos y accesibles, mediante: 

– La articulación de las acciones en materia de agua y saneamiento con la promoción de la vivienda de interés social. La vivienda formal incorpora conexiones domiciliarias de agua y desagüe, y asegura la salud de sus residentes. 

– Adecuar la regulación sobre otorgamiento de factibilidad de servicios de agua y saneamiento, facilitando procedimientos predecibles y ágiles, bajo un entorno de seguridad jurídica y garantizando el reconocimiento de las inversiones que se requieran en la infraestructura pública.

– Implementar al Operador Público del Suelo que permita generar la dotación de suelo para vivienda social, usos mixtos y los servicios urbanos necesarios para garantizar el bienestar de la población.  

4. SOLICITAMOS que el Ministerio del Interior disponga la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional del Perú para combatir con firmeza a las mafias criminales dedicadas al tráfico de terrenos, que lucran con la necesidad de la población y la exponen a situaciones de riesgo.

5. COMPROMETEMOS nuestros esfuerzos para contribuir a la disminución de la brecha habitacional mediante la ejecución de acciones concretas, efectivas y transparentes entre el sector público y privado para la actualización de los planes urbanos que promuevan el desarrollo de la vivienda social, el pleno respeto a la normatividad urbanística y de las condiciones y características técnicas de las viviendas, así como la obtención de las autorizaciones y permisos bajo condiciones de seguridad jurídica.