Después de dos meses y medio desde que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) inició sus funciones, tras asumir las obras pendientes y pasivos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC), se confirmó que cancelaron la deuda pendiente por más de S/ 854 millones con las empresas contratistas.
De acuerdo con el ANIN, se realizó un tercer desembolso para pagar las deudas correspondientes de diciembre del 2023, que registraban un monto facturado mayor a S/ 313 millones.
“Con este tercer desembolso, ejecutado en los primeros dos meses de iniciar funciones, la ANIN cumple con su compromiso y culmina, en su totalidad, el pago de las deudas a las empresas contratistas”, indicó la entidad en un comunicado.
De esta manera, la entidad sostuvo que las obras paralizadas en su totalidad o de manera parcial, se reanudarán y se agilizará la culminación de las mismas, en beneficio de los ciudadanos.
Para la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), estas deudas provenían de comprobantes de pago de septiembre a diciembre a aproximadamente 30 compañías (que tiene a más de 100 subcontratadas).
“Esto impactaba en las obligaciones de las compañías frente a las financieras y fondos que hacen factoring, incluso, en la cadena de pago de los trabajadores. Además, se dio un gran riesgo de paralización de obras”, afirmó César Candela, director de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura.
El experto expresó que del presupuesto inicial de la ANIN, que asciende a más de US$ 3,300 millones, se logró pagar las facturas pendientes.
Pese a ello, Candela recordó que se paralizaron algunas obras, como sucedió con los contratistas de los hospitales de Áncash: Casma, Recuay y Caraz, el cual se espera que se reinicien.
“La ANIN ha pedido al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) un presupuesto de más de S/ 1,300 millones para evitar que esto impacte (en más pagos)”, mencionó Candela.
Asimismo, el director de la SNCI calculó que hay cinco o seis proyectos de ANIN que están en riesgo de poder pararse si no se da solución a los temas de garantías.
“Cuando se inicia el trabajo se da una garantía de un 10%, pero por la modalidad la entidad va pidiendo que se haga más trabajo, entonces, el monto y la obligación del Estado será mayor, por ende la garantía que debe presentar el privado es mayor”, dijo.
Candela consideró que este año las obras en infraestructura vial y salud deberían ser la prioridad en la ANIN.
Transición para convertirse en Ministerio de Infraestructura
Para Candela, la Autoridad Nacional de Infraestructura debería tener como meta en el mediano plazo convertirse en un Ministerio de Obras Públicas y va a depender del dinamismo de quienes lo dirigen y la posición del Gobierno.
Asimismo, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), señaló que la ANIN es el primer paso para crear un nuevo ministerio.
“El Ministerio de Obras Públicas debería ser una entidad que consolide los medianos y grandes proyectos con un mejor profesionalismo y que se cuiden los expedientes técnicos”, refirió.
Durante el evento “La Autoridad Nacional de Infraestructura: funciones y proyectos”, Hernán Yaipén, el jefe (e) de la ANIN, destacó que la nueva entidad, adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministro, ejecutará las inversiones de G2G, que comprenden 194 intervenciones, por más de S/ 27,000 millones, que estaban a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Destacó que la propuesta de proyectos tendrá un enfoque de desarrollo multisectorial y dimensionamiento territorial, que permitirá garantizar el cierre de brechas en infraestructura. Además, mostró que entre febrero y abril esperan inaugurar 17 obras.
De acuerdo con el reglamento de la ANIN, la cartera de proyectos incorporará obras con montos de inversión iguales o mayores a S/ 200 millones que se encuentren programados en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del sector del Gobierno nacional, de los pliegos del gobierno regional o del gobierno local respectivo; y que no tengan ejecución física.
A ello se suma que no podrán integrarse a la cartera de la ANIN proyectos bajo modalidad de Asociación Público Privada (APP) y que los proyectos de inversión no podrán posteriormente retirarse para ser ejecutadas por otra unidad ejecutora de inversiones distinta.
¿Dependencia de los G2G?
Con respecto a los contratos, Neuhaus, quien lideró la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se realizó mediante un Gobierno a Gobierno (G2G) con el Reino Unido, sostuvo que este mecanismo solo se debe usar en caso de emergencia.
Puso como ejemplo que en su momento el G2G se usó en el tema de Reconstrucción con Cambios para avanzar rápido. “La razón por lo cual nosotros lo usamos es porque la Ley de Contrataciones del Estado no es suficientemente buena para tener contratos transparentes. Se tiene que hacer un esfuerzo para la actualización de esta ley, que sea simple y entendible de contratación”, precisó.
De esa manera, Neuhaus indicó que con la nueva ley se espera avanzar con los proyectos, las licitaciones serían fluidas, las obras no se detendrían por observaciones y se le debe dar tranquilidad a los ingenieros y personas honestas, que no estén expuestos a procesos penales por equivocaciones subsanables.
Explicó que hay proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) que no deben trabajarse con Gobierno a Gobierno.
“El G2G no es la panacea, hay que ver con qué país uno contrata. No se puede hacer una obra bajo este mecanismo para tener un escudo protector en actos de corrupción”, aseveró.
