El 67% de las viviendas construidas en Lima Metropolitana entre el 2009 y el 2020 se hicieron de manera informal, porcentaje que podría superar el 80% en otras regiones del país, de acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Las recientes crisis provocadas por la pandemia de la COVID-19, los huaicos y lluvias intensas, así como los sismos severos, han mostrado las dramáticas consecuencias de la edificación irregular de casas: pérdida del patrimonio familiar y de vidas.

Por ese motivo, el gremio empresarial señaló que Perú debe pasar de construir 60.000 viviendas al año a 150.000 para que pueda reducir la brecha habitacional. Para lograrlo, es necesario asignar más recursos a los programas de financiamiento habitacional; articular planes de inversión en servicios públicos; racionalizar los procedimientos técnicos y administrativos que rigen la habilitación urbana y la edificación; impulsar la innovación en los procesos constructivos para contar con casas más baratas, seguras y mejor adaptadas al cambio climático; y, finalmente, promover la seguridad en las obras.

«Si se quiere encarar sistemáticamente este desafío, es urgente conceder a la política de vivienda la misma prioridad que se otorga a las de salud, educación y protección social en la estrategia gubernamental de desarrollo social y generación de oportunidades», indicó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Además, para un crecimiento sostenible del sector construcción, Capeco sugierió que se impulse un crecimiento ordenado de las ciudades, que exige la formulación y actualización de planes de desarrollo territorial, la creación de catastros urbanos, la incorporación de suelo de propiedad estatal y de las comunidades campesinas al mercado formal para asegurar una oferta sostenible de vivienda y otros equipamientos.

¿Qué proyectos de infraestructura se deberían priorizar este 2023?

Regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque han sido las más afectadas por las lluvias intensas que se han registrado en los primeros meses del año; por ello, el Gobierno central debe concentrar sus esfuerzos en reparar los daños de las infraestructuras, así como priorizar la inversión en sistemas de drenaje pluvial y de control de cuencas en las zonas afectadas, puntualizó Capeco.

«En este contexto, resulta inoportuna la propuesta del Poder Ejecutivo de transformar la actual Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en una Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI). No resulta razonable someter a la ARCC a un proceso de adecuación administrativa que puede tomar seis meses en lugar de fortalecer su gestión para que puedan acelerarse las obras de prevención que esta entidad viene manejando», sostuvo el ejecutivo.