La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) considera indispensable impulsar un gran “golpe de confianza” en el sector vivienda, con el objetivo de reactivar su dinamismo y atender las crecientes necesidades habitacionales e infraestructurales del país.  

“La visión planteada propone que hacia el año 2045 —es decir, dentro de dos décadas— las 43 ciudades más pobladas del Perú alcancen un nivel óptimo de competitividad, con economías rentables, empleo formal, cobertura universal de servicios, crecimiento urbano orientado al transporte y no a la expansión informal, y con estándares ambientales sostenibles” – señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de CAPECO, en el último Informe Económico de la Construcción (IEC) N°94. 

CAPECO advierte que el déficit habitacional supera el millón 900 mil viviendas y que siete de cada diez se construyen de manera informal. La meta al 2045 es reducir esa cifra al 20%, incrementando la producción de viviendas formales de 60 mil a 200 mil unidades por año. 

El gremio propone que la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo reciba la misma prioridad que la educación o la salud, consolidando una alianza entre Estado, sector privado y ciudadanía. “Una vivienda digna es el punto de partida para mejorar productividad, bienestar y cohesión social”, subrayó Valdivia. 

Entre las medidas inmediatas, el gremio plantea que el próximo gobierno incremente sustancialmente el presupuesto de subsidios habitacionales desde 2027 y garantice recursos crecientes hasta 2029, a fin de generar previsibilidad para las inversiones. 

También sugiere ampliar la participación de gobiernos regionales y locales en los programas de vivienda, permitiendo que utilicen recursos del canon para financiar subsidios. Asimismo, propone la creación de un fondo especial de agua en el Ministerio de Vivienda, con una asignación inicial de 500 millones de soles, destinado a proyectos habitacionales formales. 

Para destrabar proyectos inmobiliarios, el gremio plantea la creación de un área de facilitación de proyectos dentro del Fondo Mivivienda, que acompañe a los promotores en trámites y licencias, actuando como puente entre el Estado y el sector privado. 

En el plano financiero, CAPECO propone flexibilizar el acceso al crédito mediante el fomento del ahorro previo a largo plazo, con reconocimiento al “buen ahorrador”, y promover la participación de cajas municipales e instituciones intermedias. 

Otra de las propuestas es la creación de un operador público de suelo nacional, encargado de gestionar un banco de terrenos estatales para impulsar proyectos integrales de vivienda, servicios y comercio, siguiendo modelos aplicados en Colombia. 

El gremio también plantea digitalizar los procesos de licencias de construcción para reducir tiempos, costos y corrupción, así como fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir la violencia en obras. 

“Estas acciones podrían implementarse en los primeros 100 días del próximo gobierno y representarían un verdadero golpe de confianza para el sector vivienda”, destacó el vicepresidente de CAPECO, quien agregó que “el país necesita planificar sus ciudades con responsabilidad, priorizando el bienestar de sus ciudadanos”.