Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N°92, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Guido Valdivia, advirtió sobre la crítica situación de abandono que enfrentan diversas zonas de frontera en el país, con especial énfasis en la triple frontera que conecta a Leticia (Colombia), Santa Rosa (Perú) y Tabatinga (Brasil).
Este territorio vuelve a la agenda pública tras un intento, desde el lado colombiano, de generar un conflicto limítrofe inexistente. No obstante, más allá de esta controversia puntual —que podría resolverse por la vía diplomática o mediante arbitraje internacional—, Valdivia enfatizó que lo más preocupante es la profunda desigualdad en las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo en esta zona estratégica.
En la provincia peruana de Mariscal Ramón Castilla, los servicios básicos como salud, educación y alimentación presentan condiciones mucho más precarias que en las localidades vecinas de Colombia y Brasil. Esta realidad empuja a los ciudadanos peruanos a cruzar la frontera en busca de atención básica, lo que refleja un problema estructural que se repite en diversos puntos limítrofes del país.
Casos similares se registran en Huaquillas (Ecuador) frente a Aguas Verdes (Perú), en la triple frontera entre Iñapari (Perú), Assis (Brasil) y San Pedro de Bolpebra (Bolivia), así como en la relación fronteriza entre Tacna y Arica. En todos ellos, el rezago peruano es evidente, pese a tratarse de territorios con alto potencial para el desarrollo comercial, turístico y productivo.
Valdivia señaló que la falta de una estrategia de desarrollo territorial con enfoque fronterizo agrava la situación. Ni la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ni la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo incluyen disposiciones específicas para zonas de frontera, lo que limita la planificación y ejecución de proyectos productivos que impulsen la economía local, generen empleo y atraigan inversión.
Incluso, experiencias como el fallido proyecto binacional Puyango–Tumbes evidencian —según explicó el representante de CAPECO— la falta de visión de Estado y voluntad política para concretar iniciativas de alto impacto en estas regiones.
Además del déficit en servicios e infraestructura, la incidencia de actividades ilegales —como el contrabando, narcotráfico, minería y tala ilegal, tráfico de armas y la presencia de organizaciones criminales transnacionales— agravan el escenario. En regiones como la Amazonía, estas dinámicas se ven potenciadas por la limitada presencia del Estado, la falta de conectividad vial y la precariedad en sistemas de vigilancia fluvial, marítima y aérea.
Este abandono no solo compromete la seguridad nacional, sino que también afecta la economía, el medio ambiente y la cohesión social. La deforestación de los bosques amazónicos, la explotación ilegal de recursos y la marginación de comunidades indígenas son algunas de las consecuencias más visibles de un Estado débil en sus fronteras.
Frente a este panorama, CAPECO propuso una respuesta integral, articulando inversión social, desarrollo productivo, infraestructura estratégica y seguridad. “La mejor manera de proteger nuestras fronteras no es solo con armas, sino con salud, educación, vivienda y proyectos productivos que brinden oportunidades a la población”, destacó Valdivia durante la presentación del informe.
En resumen, el Perú no enfrenta únicamente desafíos limítrofes, sino una crisis estructural en la gestión de sus territorios fronterizos. Desde el gremio constructor, se subraya la urgencia de una estrategia nacional con enfoque territorial, acompañada de cooperación internacional, planificación urbana sostenible y mayor inversión pública y privada, para convertir las fronteras en verdaderos espacios de integración, desarrollo y soberanía efectiva.
