La ejecución de la inversión pública alcanzó S/ 60,419 millones en el 2025, lo que representa un crecimiento de 5% respecto al 2024. Este desempeño agregado es resultado de dinámicas diferenciadas por nivel de gobierno: mientras la ejecución del Gobierno nacional (GN) se redujo en 4%, los gobiernos regionales (GR) registraron un incremento de 5% y los gobiernos locales (GL) aumentaron su ejecución en 15%.
Sin embargo, una mirada más detallada al portafolio de proyectos revela una realidad menos alentadora: un número significativo de proyectos no ejecutó absolutamente nada de su presupuesto, pese a contar con recursos asignados y, en muchos casos, llevar varios años en el sistema.

En total, 8,991 proyectos registraron ejecución cero del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), lo que representa aproximadamente el 14% del total de proyectos con presupuesto.

¿Quiénes dejaron más proyectos “en cero”?

La incidencia de proyectos con ejecución cero es marcadamente desigual. En 2025, los GL concentran el mayor porcentaje, con 16% de sus proyectos sin ejecución, seguidos por el GN (7%) y los GR (6%), lo que evidencia que el problema de ejecución se intensifica en el nivel con mayor responsabilidad directa sobre la ejecución territorial.

Esto resulta crítico considerando que son funciones claves para la provisión de servicios básicos y la conectividad territorial, por lo que los retrasos en su ejecución tienen implicancias directas sobre el acceso a infraestructura y la calidad de vida de la población.

Estos proyectos reflejan fallas completas de gestión: iniciativas con recursos asignados que no se traducen en ejecución efectiva. Este problema no se limita al desempeño de un solo año, sino que se profundiza al observar el avance acumulado en el tiempo.

Esta no es la única data que sorprende. Cuando se analiza la vida de un proyecto, es decir, desde que se adjudica y hasta la fecha, la situación no mejora necesariamente. Al considerar solo los proyectos registrados como activos y con información histórica disponible en la plataforma de Datos Abiertos (1,176 no registran información) se observa que, al cierre del 2025, 6,411 proyectos aún no culminados suman un costo de S/ 34,116 millones y su devengado agregado es el 5% de ese costo. Dentro de este grupo, el 60% no registran ejecución histórica previa; es decir, tienen 0% de avance.

Rango de avance histórico porcentual y costo actualizado de los proyectos con ejecución cero en el 2025 1/

Diez proyectos de más costo

Los 10 con mayor costo y que registran ejecución cero en el 2025 acumulan un costo total de S/ 2,797 millones. Este grupo se encuentra mayoritariamente concentrado en los GR, que agrupan cinco de los 10 proyectos y concentran S/ 1,676 millones del costo total, seguidos por el GN, con tres proyectos que acumulan S/ 741 millones, y, en menor medida, los GL, con dos proyectos con un costo acumulado de S/ 380 millones.

Un caso representativo es el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Carlos Cornejo Rosello Vizcardo, ubicado en la ciudad de Azángaro, departamento de Puno, con un costo total de S/ 236 millones, ejecutado por el GR de Puno. Este proyecto inició ejecución en 2018, no registra avance desde julio de 2019 y presenta un avance acumulado de apenas 1%.

Por otro lado, tres de los proyectos analizados no registran ninguna ejecución histórica, es decir, no han devengado recursos en ningún momento de su ciclo, pese a contar con asignaciones presupuestales y formar parte del portafolio activo de inversiones.

Por ejemplo, el mejoramiento de la red de servicios de transitabilidad vial interurbana en dos unidades productoras de Áncash, con un costo total de S/ 406 millones, que no ha devengado ni un sol en ningún momento.

Más que un problema de ejecución anual, la inversión pública enfrenta un problema de gestión del stock. El 60% de los 8.991 proyectos con ejecución cero no registra ejecución histórica y algunos acumulan más de seis años sin avances financieros.

Esta débil gestión del portafolio inmoviliza recursos, reduce la capacidad de reasignación y profundiza brechas existentes, evidenciando que, sin una planificación y depuración activa del portafolio, un mayor presupuesto no se traduce en mejores servicios.