El sector construcción ha cerrado un año 2025 histórico, logrando su mejor desempeño desde 2021 con una expansión del 6.5 %. Sin embargo, este éxito se vería amenazado por un bajo presupuesto para la Vivienda de Interés Social (VIS).
Según Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), para el 2026 se ha asignado apenas la mitad del presupuesto necesario para subsidios, lo que equivale a «la mitad de bonos y la mitad de viviendas».
El problema con los subsidios para vivienda
La principal señal de alerta es que, con el presupuesto actual, los fondos para el Bono Familiar Habitacional y el Bono del Buen Pagador podrían terminarse entre abril y mayo de este año. Esta situación es crítica dado que la Vivienda de Interés Social concentra el 68% de las ventas inmobiliarias.
Valdivia califica como una «paradoja» que, en un año de crecimiento, las operaciones del Fondo Mivivienda caigan por tercer año consecutivo.

A la falta de dinero se suman las trabas administrativas. CAPECO denuncia que diversas municipalidades imponen áreas mínimas de vivienda (de 70 a 120 m2) que encarecen el producto y excluyen a hogares unipersonales o jóvenes.
«Eso se llama discriminar… es anticonstitucional», señaló Valdivia, recordando que el Tribunal Constitucional ya determinó que los gobiernos locales no pueden obstruir la Vivienda de Interés Social.
La hoja de ruta de CAPECO
Para revertir esta tendencia, el gremio propone una agenda concreta, especialmente enfocada en los primeros 100 días de la próxima gestión gubernamental:
- Ley de financiamiento habitacional: Establecer por norma que el presupuesto de subsidios no puede ser menor al del año anterior.
- Fondo de agua para vivienda formal: Crear un fondo de S/ 500 millones en el Ministerio de Vivienda (MVCS) para dotar de agua a terrenos destinados a proyectos formales, rompiendo el modelo de «seguir a la invasión».
- Operador público de suelo: Crear una entidad que gestione el banco de terrenos estatales para facilitar la habilitación urbana masiva, siguiendo modelos como el de Colombia.
- Incentivos municipales: Otorgar más recursos de inversión pública a las municipalidades que más promuevan la oferta de Vivienda de Interés Social.
- Digitalización total: Implementar una plataforma para la digitalización de licencias de obra, lo que reduciría trámites, agilizaría plazos y combatiría la corrupción.
- Reincorporar el Rango 5: Volver a incluir las viviendas de mayor precio dentro del marco VIS para que, mediante la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC), más familias con ingresos irregulares accedan a préstamos.










