El Consejo Fiscal (CF) ha advertido que la autógrafa de ley que propone un nuevo marco normativo para el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), también conocida como la reforma de Asociaciones Público-Privadas (APP), podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. A través de su Reporte Técnico N.º 01-2025-CF, el organismo señaló que las modificaciones debilitan las herramientas diseñadas para evitar riesgos fiscales asociados a este tipo de inversiones.

Aunque el CF reconoce la necesidad urgente de cerrar la brecha de infraestructura en el Perú, enfatiza que este objetivo debe alcanzarse sin poner en peligro el equilibrio de las finanzas públicas. En ese sentido, coincidió con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la importancia de observar la autógrafa. Como se ha anunciado, el ministro Raúl Pérez Reyes presentará observaciones para que el texto retorne al Congreso y se revisen sus puntos críticos.

Uno de los aspectos más preocupantes, según el CF, es el traspaso de la rectoría del SNPIP a ProInversión, lo que limitaría las atribuciones del MEF en el control del gasto público. Esta medida eliminaría mecanismos clave como los “gateways”, los análisis de capacidad fiscal y las opiniones vinculantes del MEF, contradiciendo recomendaciones de organismos como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.

El Consejo también cuestiona la posible desvinculación entre la programación presupuestal y la aprobación de proyectos APP, ya que esto podría permitir la ejecución simultánea de megaproyectos sin respaldo fiscal suficiente. Con una cartera de inversiones proyectada en 70 mil millones de dólares —el doble de lo adjudicado en los últimos 15 años—, la falta de controles adecuados podría derivar en rigideces presupuestarias perjudiciales.

El CF cita el caso del Corredor Vial Interoceánico Sur como ejemplo de los riesgos: el gasto anual pasó de S/ 86 millones en 2006 a S/ 1,400 millones en 2015, acumulando más de S/ 20 mil millones en dos décadas. Este tipo de resultados, advierten, podrían repetirse si se aprueban grandes proyectos sin evaluación técnica rigurosa ni coherencia con la capacidad presupuestaria del Estado.

En contraposición, Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura en EY Perú, considera que las preocupaciones del CF no se ajustan al texto real de la reforma. Según su análisis, la propuesta no elimina las competencias clave del MEF, sino que las enfoca en su rol natural: evaluar riesgos fiscales y capacidad presupuestal, tal como se hace en otros países de la región.

Carrillo sostiene que la reforma busca mejorar la eficiencia de los procesos de APP, evitando duplicidades entre el MEF y ProInversión. “La reforma del 2014 generó una carga de supervisión que ha frenado las adjudicaciones durante los últimos 10 años. Esta nueva propuesta pretende fortalecer la capacidad de ProInversión para estructurar proyectos más ágiles y técnicamente viables, sin sacrificar el control presupuestal”, concluyó.