La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó el Informe Económico de la Construcción N.° 98, en el que se confirma que el sector cerró 2025 con uno de sus mejores desempeños de la última década, aunque las perspectivas para 2026 muestran un escenario de mayor incertidumbre.
En diciembre de 2025, la construcción creció 12%, triplicando la expansión del PBI nacional y registrando su mejor resultado desde 2013, sin considerar el rebote pospandemia. El consumo de cemento aumentó 14% ese mes, acumulando tres meses consecutivos con tasas de dos dígitos. En el acumulado anual, el sector creció 6,7%, su mejor desempeño de los últimos cuatro años.
Sin embargo, para 2026 se anticipa una expansión más moderada, especialmente en inversión pública. En enero, el avance de obra pública cayó cerca de 20%, principalmente por la contracción en el gobierno nacional y el ajuste posterior al fuerte cierre presupuestal de diciembre.
Asimismo, preocupa la situación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ejecutó más del 26% de su presupuesto anual en enero, lo que podría generar restricciones hacia el segundo semestre si no se asignan recursos adicionales. Este escenario impactaría proyectos estratégicos como los sistemas de drenaje pluvial en el norte del país, aún inconclusos desde el fenómeno de El Niño costero de 2017.
El problema de las obras paralizadas continúa siendo crítico. Según el Banco Mundial, alrededor del 45% de las obras iniciadas desde 2012 están detenidas, representando más de 50 mil millones de dólares en inversión inmovilizada. Más de la mitad del monto corresponde al gobierno nacional, mientras que la mayor cantidad de proyectos se concentra en gobiernos locales.
En contraste, la inversión privada mostró un desempeño sólido: creció 10,1% en 2025 y habría mantenido una expansión cercana al 10% en enero de 2026. Destacó especialmente la inversión minera, que aumentó 26% el año pasado. El mecanismo de Obras por Impuestos también inició el año con un dinamismo relevante.
En el mercado hipotecario, los desembolsos alcanzaron un récord nominal cercano a 17.000 millones de soles, con un crecimiento de 19,7%. No obstante, las colocaciones tradicionales del Fondo Mivivienda retrocedieron frente a 2021, mientras que la Cobertura de Riesgo Crediticio se consolidó como un instrumento más eficiente para movilizar recursos privados.
Gobierno de transición: riesgos y prioridades inmediatas
El reciente cambio en la conducción del Ejecutivo, a menos de dos meses de las elecciones, podría generar un vacío de poder en un momento crítico. El presidente Balcázar ha planteado tres ejes para su gestión: elecciones libres, continuidad del programa económico y lucha contra la inseguridad. Sin embargo, deberá organizar rápidamente al Estado para enfrentar la emergencia por el Fenómeno El Niño, en un aparato público que ha mostrado debilidades en prevención, atención y reconstrucción. Asimismo, será clave promover un diálogo político que permita corregir reglas que han debilitado la estabilidad institucional, como el uso recurrente de la vacancia y la censura.
Fusión MTC–Vivienda: una reforma equivocada
La propuesta de fusionar el MTC y el Ministerio de Vivienda para crear un “Ministerio de Infraestructura” no constituye una solución real a los problemas de gestión pública. Reorganizar entidades toma tiempo, genera costos de transición y no garantiza mejores resultados, como lo evidencian las dificultades observadas en la ANIN y en el modelo G2G. Además, se perdería el principio de especialización en la formulación de políticas y en la ejecución de obras. La vivienda no es un tipo más de infraestructura: su gestión articula financiamiento, mercado y participación ciudadana, promoviendo formalización y desarrollo urbano ordenado. Diluir el sector en una megaestructura sería un error que afectaría especialmente a la política habitacional, debilitando un modelo que ha demostrado ser más eficiente y sostenible.
Arequipa: lluvias revelan déficit de prevención y ordenamiento urbano
El presidente de CAPECO Arequipa, Julio Cáceres, advirtió que la emergencia provocada por intensas lluvias, huaicos y deslizamientos en la región pudo mitigarse con prevención y planificación territorial adecuada. El desastre deja siete fallecidos y más de 4.200 personas afectadas, además de 1.299 viviendas inundadas, 44 inhabitables y más de 670 con daños graves o colapso parcial, así como 56 kilómetros de vías vecinales severamente dañadas en provincias como Vítor, Caylloma y Castilla.











