- El gremio informa que el sector construcción cayó 5.2% en cuatrimestre octubre 2021-enero 2022
- Se prevé una disminución de la inversión privada y un estancamiento de la inversión pública en 2022.
- Caso Petroperú afecta captación de fondos del mercado internacional para otras entidades públicas, como el Fondo Mivivienda.
- Invasión a Ucrania agravaría el aumento de precios de insumos de construcción.
- CAPECO y FTCCP proponen un pacto con diez iniciativas de política para asegurar la sostenibilidad de la construcción.
Lima, marzo del 2022.- El reciente Informe Económico de la Construcción – IEC #51 de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, revela que en último mes se ha incrementado sensiblemente el riesgo de una contracción para la actividad constructora, debido al rápido agravamiento tanto de los problemas internos por los que atraviesa el país como de los factores externos que afectan ya no solo el comercio y la producción, sino la paz mundial; por lo que se complicaría remontar la caída de la producción sectorial que ha llegado a 5.2% en el cuatrimestre de octubre 2021 a enero 2022.
Para el presente año, CAPECO prevé una disminución de la inversión privada, a la que se suma la reciente corrección a la baja efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú sobre el desempeño de la inversión pública, de 4.5% a 4.0%, lo que confirmará la contracción de del producto bruto de la construcción para este año que anticipó el gremio en el IEC de febrero.
En los últimos treinta días, varios de los problemas estructurales y coyunturales que explicaban estas perspectivas pesimistas se han agravado de tal manera y a tal velocidad, que ahora ya no se requiere poner en práctica medidas para evitar que afecten significativamente a la actividad de la construcción – y a la economía en general – sino más bien adoptar medidas para limitar los daños frente a hechos consumados o inminentes.
Para el gremio constructor, uno de los problemas es la tolerancia a la informalidad, que la tragedia ocurrida por el deslizamiento de un cerro en la localidad de Retamas, en Pataz (La Libertad) ha dejado en evidencia, por el riesgo que implican la ocupación espontánea del suelo y de la construcción informal de viviendas. “El Congreso de la República debe dejar de lado las iniciativas legislativas que buscan ‘agilizar’ estos procesos de regularización de dicha ocupación y más bien, debe abocarse a discutir una Ley de Financiamiento Habitacional y Urbano que incremente la oferta de vivienda social y el desarrollo de intervenciones integrales de mejoramiento urbano en zonas vulnerables”, sostiene Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO, quien además precisa que, entre otras cosas, esta ley evitaría que los programas de vivienda social se quedan sin recursos suficientes como ocurre en estos momentos.
De otro lado, CAPECO reitera que el descubrimiento de nuevos casos de corrupción en la contratación de obras públicas se explica en gran medida por la obsolescencia, ineficiencia y permeabilidad hacia la corrupción del modelo de gestión de las infraestructuras y equipamientos públicos. Ante esto, el gremio ha propuesto una solución de mediano plazo con la dación de una nueva ley de contrataciones del Estado y otra de corto plazo con la modificación del actual reglamento.
Además, se propone una alternativa para resolver problemas vinculados a licitaciones específicas, a partir de un Compromiso Específico por la Integridad como el que suscribieron SEDAPAL y CAPECO, y que ha permitido modificar requisitos que no favorecen la competencia o pueden orientar la selección hacia determinados postores. La Cámara propone extender este modelo de colaboración a los grandes ejecutores del Estado y también a la Contraloría General de la República.
Un reciente tercer problema, es la de imponer límites innecesarios a la tercerización laboral. CAPECO, afirma que esta desalienta el empleo formal en un sector donde ocho de cada diez trabajadores se encuentran actualmente en la informalidad. Afirma que en la actividad constructora los contratos son por obra, por el tiempo que dure una partida o incluso por tarea; por lo que si se limita la tercerización se generaría mayor desempleo para los trabajadores de la construcción.
“El Gobierno debe impulsar acciones para reducir la proliferación de la autoconstrucción y la SUNAFIL debe investigar y sancionar a aquellas empresas que no cumplen con las obligaciones laborales, que compiten deslealmente con empresas serias y perjudican a la sociedad al producir bienes y servicios inseguros, de menor calidad” añade el Director Ejecutivo.
CAPECO también alerta sobre los problemas que se derivan de las graves deficiencias en la gestión pública, como las que han puesto en grave riesgo la estabilidad económica-financiera de Petroperú, que perjudica a otras entidades públicas como el Fondo Mivivienda, que obtiene una parte sustantiva de sus fondos para el financiamiento de créditos hipotecarios del mercado internacional.
También deja constancia de que la proliferación de conflictos sociales -como el que afecta actualmente a Cuajone- constituyen barreras a la inversión minera, alerta sobre las consecuencias de un posible recrudecimiento del COVID -19 y del entorno internacional, en particular las que se derivan de la guerra en Ucrania, que ocurre justo en el momento en que nuestro país ha visto deteriorarse su calificación de riesgo por el agravamiento de la crisis política (más detalles en Anexo 1)
Finalmente, el gremio considera imprescindible lograr un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, con participación de la sociedad civil, para encontrar salidas al entrampamiento político y emprender reformas indispensables para que la acción del Estado sea eficiente y transparente. El Acuerdo Nacional es el espacio más adecuado para implementar estos cambios. En esta línea, CAPECO y la FTCCP han suscrito un Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que propone una agenda de diez puntos para la modernización del sector construcción (más detalles en Anexo 2).
Barreras a la inversión minera. El BCRP ha ajustado hacia la baja el desempeño de la inversión minera en el 2022, pasando de un aumento de 3.4% a una contracción de 0.8%, lo que se explica fundamentalmente por la proliferación de conflictos políticos y socio-ambientales en el entorno de yacimientos mineros y la incapacidad (o el desinterés) del gobierno central para resolverlos. El instituto emisor ha dado cuenta de un análisis efectuado para medir el impacto de estos conflictos en la inversión minera, que concluye que “hay una correlación entre las regiones que tuvieron una mayor cantidad de conflictos sociales en este periodo y las que registraron reducciones significativas en la inversión minera futura (hasta 10 años después)”.
El último de estos conflictos se ha producido recientemente en la mina Cuajone, originado por el reclamo que han efectuado varias comunidades campesinas aledañas respecto a un pago de 5 mil millones de dólares por el uso de sus terrenos durante los últimos cincuenta años. Para ejercer una mayor presión, los comuneros han sitiado el complejo minero y cortado el suministro de agua, afectando a 5,000 personas, entre trabajadores y sus familiares.
En el corto plazo, es indispensable que el gobierno nacional actúe con diligencia para generar condiciones de un diálogo sincero y abierto con las comunidades y autoridades locales que permita aterrizar sus expectativas, pero, sobre todo garantizar la normalización de la producción en todos los complejos mineros afectados. Para ello, es indispensable formalizar Mesas de Diálogo y Desarrollo en las provincias en que se localizan los proyectos mineros paralizados o amenazados, que deben depender de la Presidencia del Consejo de Ministro, tener carácter permanente y estar bajo la responsabilidad de funcionarios de alto nivel, con capacidad de decisión y con presencia permanente en la zona.
En el mediano plazo, CAPECO ha planteado emprender una propuesta integral para lograr la adhesión de la población y de las autoridades locales al desarrollo de mega-proyectos productivos y de infraestructura que tienen impactos territoriales y poblacionales significativos en las circunscripciones en las que se ubican. Un planteamiento de este tipo sólo puede implementarse en las etapas iniciales de estos proyectos, idealmente apenas culmina la fase de exploración. Bajo esta óptica, resulta indispensable identificar aquellos que por su magnitud, complejidad e impacto territorial pueden ser parte de un programa de intervenciones piloto, cuyos objetivos son prevenir posibles conflictos con la población o las autoridades locales y sistematizar la experiencia para poder luego extender el modelo a todos los proyectos que se lleven a cabo en los siguientes años.
Posible recrudecimiento del COVID-19. La aparición de una nueva variante (denominada “deltacron”), el aumento de los contagios en algunos países (entre ellos China) y la notoria disminución del ritmo de vacunación pueden provocar un repunte del COVID en nuestro país y, con ello, la restitución de restricciones a la movilización de personas y a la realización de actividades económicas y sociales. La magnitud y duración de
estas probables limitaciones van a definir el impacto en la producción y el consumo durante el presente año. Se requiere que el gobierno nacional y los gobiernos sub-nacionales afinen sus estrategias de atención sanitaria para atender estas nuevas necesidades. Ello implica necesariamente el nombramiento de un nuevo titular del sector Salud y la conformación de un nuevo equipo de gestión de la emergencia que reemplace al que renunció hace algunas semanas.
Impacto del entorno internacional. Hasta hace treinta días, los principales problemas que afectaban al sector, desde el ámbito externo, eran el incremento de precios internacionales de algunos insumos de uso extendido en la construcción como el acero y el cobre, así como el de los costos de acarreo y transporte y de las tasas de interés. Hoy, la cruenta invasión de Ucrania ha agravado estos problemas e incorporado algunos otros, como el alza de los precios del petróleo y una probable escasez de otros insumos.
Esto coincide con el ya señalado deterioro de la calificación de riesgo de Petroperú y con la creciente debilidad que se comienza a percibir en la institucionalidad política de nuestro país, en razón del enfrentamiento entre poderes del Estado y la proliferación de iniciativas populistas, hecho que fue registrado en la evaluación efectuada por Bloomberg y las expectativas negativas sobre la calificación de riesgo de nuestro país que expresan los reportes de Fitch Ratings y Standard & Poors.
Es imprescindible lograr un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, con participación de la sociedad civil, para encontrar salidas al entrampamiento político y emprender reformas indispensables para que la acción del Estado sea eficiente y transparente. El Acuerdo Nacional es el espacio más adecuado para implementar estos cambios. En esta línea, CAPECO y la FTCCP han suscrito un Pacto por la Construcción de un Perú Mejor (ver adjunto), que propone una agenda de diez puntos para la modernización del sector construcción, que ha sido entregado al Presidente de la República, al Congreso y al Acuerdo Nacional.
Adicionalmente, es necesario incrementar los valores de los subsidios y los precios máximos de las viviendas susceptibles de ser financiadas por los programas Mi Vivienda y Techo Propio, así como la actualización de los Índices de Precios de Materiales de Construcción del INEI que se utilizan en la valorización de obras públicas, que ya se encontraban retrasados desde antes del inicio de la guerra en Ucrania.
En resumen, son grandes y urgentes los desafíos que el Perú debe superar para salir airoso de esta coyuntura crítica, en el sentido que le conceden Acemoglu y Robinson en ¿Por qué fracasan los países? a «un gran acontecimiento o una confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico o político existente en la sociedad». De la manera en que los actores políticos, sociales y económicos de nuestro país decidan enfrentarla, dependerá no sólo la recuperación económica y el fortalecimiento de la cohesión social, sino también la preservación de nuestra institucionalidad democrática, hoy gravemente amenazada.
ANEXO 2
PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PERÚ MEJOR
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, en representación de los trabajadores y de los empresarios de la actividad constructora nacional, hemos acordado la suscripción de un Pacto por la construcción de un Perú mejor, con la finalidad de impulsar una profunda reforma de las políticas públicas relacionadas con la vivienda, la infraestructura y el desarrollo territorial, condición indispensable para que nuestro país pueda alcanzar el desarrollo sostenible.
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto en evidencia, una vez más, la grave disfuncionalidad de nuestras ciudades, el alto déficit de infraestructura, las consecuencias de la ocupación irregular del suelo y la producción informal de viviendas, la incapacidad del Estado para proveer bienes y servicios básicos de calidad y la inexistencia de mecanismos eficientes y transparentes para facilitar la colaboración entre actores públicos y privados. Por su parte, el enfrentamiento político ha impedido abordar estos retos de forma consensuada y bajo la perspectiva de políticas de Estado que trasciendan las gestiones gubernamentales.
Hace diecinueve años, la FTCCP y CAPECO logramos establecer una relación de diálogo abierto y franco que ha permitido alcanzar mejoras sustantivas en las condiciones de vida de los trabajadores de construcción y promovido conjuntamente la paz laboral en la actividad constructora, a nivel nacional. Aprovechando este espíritu de consenso y conscientes de su responsabilidad con el desarrollo del país, desde el año 2015, ambas entidades hemos venido proponiendo soluciones integrales a los problemas que afectan a la construcción, y cuya persistencia ha impedido que nuestro país logre mayores niveles de competitividad productiva y que el bienestar social alcance a todos los peruanos.
Frente a la urgencia de encarar estos retos, los trabajadores y los empresarios constructores del Perú representados por la FTCCP y CAPECO, asumimos el compromiso de impulsar este Pacto que debe incluir medidas concretas y articuladas para alcanzar los siguientes objetivos.
- La descentralización del proceso de planificación territorial, así como la mejor articulación entre los mega-proyectos productivos y de infraestructura con los objetivos de desarrollo territorial y de bienestar de la población, mediante el fortalecimiento del CEPLAN y la conformación de unidades autónomas de planeamiento macro-regional.
- El impulso a la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda, especialmente social, y de equipamientos urbanos.
- La articulación de inversiones en infraestructura y servicios públicos, especialmente de agua y desagüe, con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
- La adopción de un nuevo modelo de gestión de obras públicas que permita una adecuada priorización de inversiones y la introducción de mecanismos de contratación y control más eficientes y transparentes, así como un mejor desempeño de las infraestructuras y equipamientos durante toda su vida útil.
- El fortalecimiento de los programas estatales de subsidios y créditos habitacionales, dotándolos de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social tanto en áreas urbanas como rurales.
- La puesta en marcha de una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
- El perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
- El incremento de ingresos municipales, especialmente del impuesto predial, mediante mecanismos más equitativos e incentivos para pagar obligaciones tributarias.
- El fomento de la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.
- La creación de espacios institucionalizados para un diálogo público-privado transparente y que permita la continuidad y el mejoramiento de políticas y planes estatales.
Es evidente que para implementar la agenda contenida en este Pacto se requerirá la modificación de una parte sustantiva del marco legal, normativo y administrativo que rige el desarrollo territorial, la vivienda y la construcción, por lo que resulta indispensable un debate amplio y transparente, así como un compromiso de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil, en el marco del Acuerdo Nacional, por llegar a compromisos mutuos que garanticen la continuidad y legitimidad de estas iniciativas.
Durante dos décadas, la FTCCP y CAPECO hemos dado muestras plausibles del valor que le conceden al diálogo y a la importancia de enfocarse en el beneficio mutuo. Como consecuencia de esta vocación por buscar el entendimiento, los trabajadores y los empresarios de la construcción hemos logrado superar diferencias y asumir conjuntamente nuevos retos, preservando lo ya avanzado. Hoy, cuando el Perú acaba de ingresar al tercer centenario de su vida independiente en medio de una gran incertidumbre, esta fructífera relación basada en una apuesta por el consenso puede resultar inspiradora para que otros actores políticos, sociales y económicos se adhieran a este Pacto y contribuyan a su perfeccionamiento y sostenimiento en el largo plazo.
Lima, 24 de febrero del 2022
Luis Villanueva Carbajal Jorge Zapata Ríos
Secretario General FTCCP Presidente del Consejo Directivo CAPECO
