Jue. Jul 18th, 2024

Contraloría busca fijar requisito clave antes de optar por un contrato de Estado a Estado

La Contraloría General de la República presentó al Congreso el pasado 23 de noviembre un proyecto de ley que precisa alcances y requisitos para las contrataciones bajo la modalidad de Estado a Estado (Proyecto de ley N° 6497/2023-CG).

La iniciativa legislativa establece que antes de suscribir un contrato de Estado a Estado, el ministerio interesado o su organismo adscrito o programa debe elaborar un informe técnico – económico que sustente las ventajas para el Estado peruano de contratar bajo la modalidad de Estado a Estado. “Y, de ser el caso, la comparación con la modalidad de ejecución identificada durante la elaboración del estudio de pre inversión”, señala el proyecto de ley.

Al respecto, los analistas refieren que si bien actualmente en la mayoría de los casos se realiza un informe similar, ahora se busca que sea una obligación previo a todo proceso. Además, se busca que el informe sea más exhaustivo, y se compare una contratación de Estado a Estado con las otras modalidades de contratación previstas en la legislación peruana.

“Se quiere establecer un mayor análisis respecto a la conveniencia de los contratos de Estado a Estado respecto a otras modalidades de contratación. Antes elaborabas un informe mostrando las ventajas del contrato de Estado a Estado. Ahora además se está pidiendo un informe de costo-beneficio respecto a las otras modalidades de contratación. Me parece una propuesta saludable”, indicó Ronald Fernández, socio del estudio PPU y especialista en temas de infraestructura y proyectos.

Las contrataciones de Estado a Estado se pueden pactar para la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras, la gestión, desarrollo u operación de estos proyectos.

Al respecto, Fernández refiere que el uso de esta modalidad de contratación debe ser excepcional. “Es un mecanismo que ha servido, pero debe ser usado ante situaciones excepcionales, no puede hacerse todo vía Estado a Estado; sino cuando lo requiera la complejidad de un proyecto y se busque ahorrar tiempo. Por ejemplo, lo que sucedió con las obras de los Juegos Panamericanos”, indicó.

“Ahora podría aplicarse la modalidad de Estado a Estado para la nueva Carretera Central, debido a su complejidad y dimensión tecnológica. Pero para una carretera simple o una planta de tratamiento, donde Perú ya tiene experiencia en hacerlo, no necesariamente debería ir por una modalidad de Estado a Estado”, agregó Fernández.

El proyecto de ley de la Contraloría también establece que se deben elaborar otros informes previos. Aquí detallamos alqunos de ellos:

-Elaborar un informe en el que se identifiquen las capacidades institucionales para el cumplimiento de las obligaciones a contraer a través de la suscripción del contrato.

-Elaborar un informe en el cual se identifique a los Estados que cuentan con altos estándares de transparencia e integridad y cuyos organismos, dependencias, empresas públicas o privadas, cuenten con la experiencia para cumplir con lo requerido por el Estado peruano.

-Informe de la Oficina de Presupuesto o la que haga las veces del pliego correspondiente, que señale que el pliego cuenta con la viabilidad presupuestal para el financiamiento necesario para dicha contratación.

Al respecto, Karen Ángeles, Consejera de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, refirió que el requerimiento de todos estos informes busca asegurar que la modalidad de Estado a Estado sea la mejor alternativa en un caso en específico, y así evitar contingencias posteriores. “Por ejemplo, se pide hacer un estudio de mercado para ver los países con altos estándares de calidad y transparencia que puedan brindar el servicio”, remarcó.

Karen Ángeles señala que si bien la propuesta de la Contraloría resulta positiva, también advierte el riesgo de que un exceso de informes se convierta en una traba para esta modalidad.

“La idea es buena, pero ante tantos sustentos que se requerirán, ello podría convertirse en una traba. Al momento de que se ponga en práctica la norma, si se aprueba, veremos si ello será o no una recarga para el funcionario y si se frena o no este tipo de contrataciones”, anotó.

José Carlos Reyes Leyva – Gestión

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