El cuestionamiento a la baja calidad y capacidad de los gobiernos regionales y locales para elaborar expedientes técnicos es de larga data. A pesar de ello, el Gobierno de Dina Boluarte apostó en su primer año por la inversión pública. Ahora, por esa variable, alistan la creación de un organismo que atienda directamente esta falencia del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó la creación del “Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI)”, que tendrá la misión de brindar asistencia técnica a iniciativas de gobiernos subnacionales.
De esta forma, el Gobierno busca aumentar la calidad en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos o documentos equivalentes a través de un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que vele directamente por el tema.
Fuentes de la PCM compartieron mayores detalles de la propuesta con Gestión. ¿Cuáles serán sus funciones específicas y qué facilidades tendrá para formular proyectos de inversión? Aquí los detalles.
Centralizar y agilizar trámites
Según el planteamiento discutido en el Consejo de Ministros, que este diario revisó, el OEDI se enfocará en proyectos de “mediana complejidad” a cargo de los gobiernos subnacionales.
Sus labores incluirán la elaboración de estos, además de la asistencia técnica durante la ejecución física del proyecto de inversión, que se hará en base al expediente técnico que el mismo OEDI armará.
El OEDI también realizará capacitaciones a los funcionarios de los gobiernos subnacionales. Entre los temas a tratar estará la elaboración de los Términos de Referencia (TDR), documento clave para contratar estudios de preinversión.
Con la nueva entidad en funciones, también habrá cambios a los plazos de aprobación de los expedientes técnicos y aprobación de consultas.
Según lo discutido en el Consejo de Ministros los gobiernos subnacionales tendrán un plazo no mayor a 30 días calendario desde que el OEDI les entregue los expedientes técnicos para que los aprueben, bajo responsabilidad del titular de la entidad.
Además, durante la ejecución física de los proyectos, el OEDI tendrán máximo 10 días hábiles para atender las consultas de los gobiernos subnacionales. Estas opiniones serán vinculantes.
“Los expedientes técnicos o documentos equivalentes de los proyectos de inversión elaborados por el OEDI no requieren opinión del sector responsable funcional. El OEDI verifica, en coordinación con el sector responsable funcional, el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, previo a la entrega de los expedientes técnicos o documentos equivalentes a los gobiernos subnacionales”, señala también la propuesta aprobada.
Según su organigrama propuesto, la nueva entidad contará con una dirección específica de estudios de preinversión, otra similar abocada a los expedientes técnicos y una “escuela de inversión pública”, entre otras unidades.
El Gobierno ya trazó una proyección de los principales costos del OEDI en sus primeros siete años de existencia. Vale decir que la entidad asumirá progresivamente sus funciones desde el 1 de enero del 2025.
En su primer año la OEDI implicará un costo al Estado superior a los S/ 23,285 millones. Al término del séptimo año, su valor alcanzará los S/ 77,829 millones. El principal gasto en ese tiempo serán los recursos humanos, además del alquiler de un local.
El Gobierno no necesitará un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República para implementar el OEDI, de acuerdo al planteamiento discutido en el Consejo de Ministros. Contar con una entidad como la señalada formaba parte de la delegación de facultades otorgada por el Legislativo en materia de infraestructura social este año.
Sin embargo, el Gobierno deberá publicar un Decreto Legislativo al respecto. Una vez se cuente con la norma, tendrán que aprobar su reglamento en un plazo máximo de 60 días calendario.
Expectativa
Durante la presentación del balance 2023 de su gestión, la presidenta Dina Boluarte resaltó la creación del OEDI como un logro de su administración. “Brindará asistencia técnica a los gobiernos regionales y municipios en los proyectos de inversión para una ejecución eficiente, es decir, en los tiempos programados”, comentó al respecto.
Para Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura de Damma Legal Advisors, es una buena noticia contar con una entidad que centralice la misión de elevar la calidad de los expedientes técnicos.
“Lo positivo es que se afronta un problema real, de hace tiempo, sobre el que no se tomaron decisiones claras para enfrentarlo. Su funcionamiento dependerá mucho de su diseño institucional”, señala a este diario.
Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, coincide. Para el experto es razonable que aún no se especifique, como sí se hizo con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), un monto o características específicas de los proyectos que podrían atender la OEDI.
“Proyectos de impacto mediano pueden ser canales de regadío, carreteras departamentales o provinciales. Si se fija un monto ya, podrían quedar varios fuera de lista. Cada sector tiene su complejidad”, refiere a Gestión.
Ambos expertos también destacan la importancia de que la OEDI tenga opiniones inapelables respecto a cómo procederán los proyectos que supervise. “Lo que ellos respondan debe quedar. Es la única manera porque sino entra a tallar la discrecionalidad del gobierno subnacional porque no les gusta la forma escogida”, considera Carrillo.
“Un gran problema de la ejecución de proyectos es que se piden opiniones a varias partes. Es bueno que si la OEDI asume la rectoría sobre los expedientes técnicos tenga capacidad de decisión y la responsabilidad no se difuminen si hay errores”, agrega Cárdenas.
Lo que sí le parece un poco preocupante al vocero de Damma Legal Advisors es que este nuevo organismo dependa de la PCM. “También tiene la ANIN, se está convirtiendo en una especie de ministerio de Infraestructura. No sé si es lo mejor porque es un sector bastante político, un primer ministro puede tener más de un perfil”, advierte.
Sin embargo, Carrillo cree que esta dependencia no puede ser tan problemática. “Es el ministerio de la coordinación sectorial por definición. Es un riesgo lo político, la cabeza podría cambiar, pero estaría lleno de técnicos sectoriales. No hay muchos en Perú, los querrán mantener”, considera.
