A pesar de la disminución de la población en Cuba, el déficit de viviendas persiste y afecta principalmente a los sectores más vulnerables, como damnificados por huracanes, madres solteras y familias en extrema pobreza. El caso de Yudisleydis Pérez, de 39 años, residente en la comunidad El Barón, en el municipio de San Juan y Martínez, ilustra la magnitud del problema. Tras perder su vivienda durante el paso del huracán Ian en septiembre de 2022, tuvo que reconstruir su casa con restos de materiales recogidos entre los escombros.

El ciclón Ian devastó el occidente del país, dejando más de 102.000 viviendas dañadas en la provincia de Pinar del Río. Durante meses, Yudisleydis vivió bajo una carpa improvisada junto a sus tres hijos. Hoy, su vivienda de madera aún presenta filtraciones y se inunda durante las lluvias por una zanja de desagüe cercana. “No nos dieron nada. Solo con lo que cayó del ciclón, buscamos aquí y allá para levantar la casa”, relató a IPS.

Según cifras oficiales, aún queda pendiente la construcción de 38.000 viviendas en Pinar del Río para los damnificados del Ian, de un total de 43.000 requeridas por los desastres naturales. Muchas de las familias afectadas sobreviven en hogares provisionales o están albergadas en casas de familiares, según explicó Niurka Morero, vicegobernadora de la provincia, durante una visita de prensa en mayo pasado.

En El Barón, el único apoyo recibido en infraestructura por parte de las autoridades fue una lona entregada después del ciclón, la cual muchas familias aún usan como parte de sus viviendas. “Aquí no se ha hecho nada. Seguimos igual: con pobreza, con dignidad, pero abandonados”, lamentó Yudisleydis. Añadió que hay enfermos, ancianos y personas encamadas que siguen sin atención adecuada.

El director de Desarrollo Territorial, Jesús Alberto Gorgoy, explicó que existen diversas vías de financiamiento para la recuperación habitacional: desde subsidios estatales hasta créditos bancarios o apoyo internacional. Sin embargo, la lentitud de ejecución y la escasez de materiales frenan el impacto real de estas iniciativas.

Yudisleydis, madre de tres hijos, solicitó hace siete años una vivienda bajo un programa estatal que prioriza a madres con tres hijos menores de 17 años, según el Acuerdo 9009 de 2021. Aunque su situación ya era precaria antes del huracán, con un piso de tierra y estructura vulnerable, el proceso se estancó entre trámites y negativas. “Fui a La Habana a hablar con autoridades, pero me dijeron que mi hijo mayor ya cumplió 18 y ya no calificaba”, contó.

Cansada de la indiferencia estatal, dejó de insistir. “Ya me rendí. Siempre es lo mismo: que no hay materiales, que no hay fondos, pero luego ves construcciones por otros lados”, expresó. Su frustración refleja una realidad compartida por muchas otras familias en situación similar en la isla.

En julio de 2024, la directora de Vivienda del Ministerio de la Construcción, Delilah Díaz, reconoció ante el Parlamento el pobre cumplimiento del Acuerdo 9009. En todo el país hay más de 66.000 madres que cumplen los requisitos para ser beneficiarias, pero siete de cada diez aún necesitan una vivienda o mejoras urgentes. También se reportaron 87.368 casas con pisos de tierra, símbolo de la precariedad habitacional.

Cuba cerró el año 2023 con un déficit de más de 855.000 viviendas, apenas inferior al registrado en 2018, cuando se lanzó una política nacional para revertir la crisis en una década. Entonces se planteó rehabilitar 402.000 hogares y construir 527.000, pero a día de hoy, gran parte del parque habitacional del país, compuesto por 3,8 millones de viviendas, continúa en condiciones regulares o malas, sin una solución a corto plazo a la vista.