Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), dio a conocer los principales resultados del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 97, en el que se presenta un diagnóstico detallado sobre la eficiencia de la inversión pública en el Perú, basado en un análisis del Banco Mundial. El informe pone bajo la lupa la débil articulación entre planificación, presupuesto y ejecución, un problema estructural que viene afectando de manera sostenida el logro de los objetivos estratégicos del país en áreas clave como infraestructura, salud, crecimiento económico y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Durante la presentación, Valdivia explicó que uno de los hallazgos más preocupantes es que, de manera sistemática, cerca del 47 % del gasto real no figura en el presupuesto inicial, lo que evidencia una alta discrecionalidad en las modificaciones presupuestales a lo largo del año fiscal. Esta situación no solo dificulta la disciplina fiscal, sino que también desalinea las inversiones con las prioridades de desarrollo definidas en la planificación nacional y sectorial.
Según el Banco Mundial, desde 2012, aproximadamente el 45 % de los proyectos de inversión pública iniciados permanece detenido, lo que equivale a alrededor del 17,3 % del Producto Bruto Interno (PBI). Esta paralización masiva de obras impacta directamente en la calidad de vida de la población, al retrasar la provisión de infraestructura esencial en transporte, saneamiento, educación y salud, además de generar sobrecostos y pérdida de confianza en la gestión pública.
Una de las principales causas de este problema ha sido el diseño de procesos de contratación pública con requisitos desproporcionados que restringieron la competencia y favorecieron la concentración de obras en un número reducido de empresas. Durante años, se exigieron garantías financieras excesivas que solo podían cumplir grandes empresas estatales extranjeras, respaldadas por bancos y gobiernos de origen, lo que dejó fuera de competencia a numerosas constructoras nacionales. Si bien algunas de estas exigencias ya han sido corregidas, en su momento tuvieron un efecto excluyente significativo sobre la industria local.
A estas distorsiones se suman otras irregularidades que aún persisten en el sistema. Mientras en el Perú empresas que pertenecen a un mismo propietario no pueden competir en una misma licitación para evitar posibles arreglos, empresas públicas de distintos países sí pueden hacerlo, incluso cuando todas pertenecen a un mismo Estado. Además, la solvencia de las constructoras peruanas se mide por el capital que mantienen en el país, un requisito que no se aplica de la misma manera a varias empresas extranjeras, algunas de las cuales incluso se registran como pequeñas empresas para obtener puntaje adicional en los procesos de selección.
El IEC N.° 97 también resalta el creciente papel del Congreso en el diseño y la ejecución del presupuesto, un factor que, según el diagnóstico del Banco Mundial, ha venido socavando el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como ente rector de la política fiscal. Entre 2023 y 2024, se aprobaron iniciativas con un costo anual equivalente al 2,3 % del PBI, mientras que otras propuestas en debate podrían representar un impacto adicional de hasta el 13,4 % del PBI, lo que plantea riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Frente a este panorama, Valdivia subrayó la urgencia de impulsar reformas estructurales de mayor alcance. Entre las principales propuestas, destacó la necesidad de transitar de un modelo centrado exclusivamente en la contratación de obras hacia uno orientado a la gestión integral de la infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la planificación y el diseño hasta la operación y el mantenimiento.
El informe también recomienda fortalecer los mecanismos de control y supervisión mediante la incorporación de agentes externos y la digitalización progresiva de los procesos, así como promover las asociaciones público-privadas y extender el modelo de Obras por Impuestos (OxI) a intervenciones integrales.
Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de CAPECO reafirmó el compromiso del gremio con el impulso de una inversión pública más eficiente, transparente y alineada con las prioridades de desarrollo del país, destacando que una gestión adecuada de la infraestructura es clave para fortalecer la competitividad, generar empleo y promover un crecimiento económico sostenible en beneficio de todos los peruanos.
