Los lineamientos de un nuevo mecanismo denominado servicios por impuestos, orientado a agilizar el cierre de brechas en el acceso a servicios básicos de calidad y planificación urbana fueron presentados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) junto con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Mediante esta herramienta, las empresas privadas, en trabajo articulado con el Estado, podrán financiar y ejecutar servicios públicos de saneamiento en zonas rurales, fronterizas o declaradas en emergencia.

Acceso

Asimismo, lograrán elaborar o actualizar instrumentos de planificación territorial, urbana y de campo, lo que les permitirá recuperar su inversión mediante el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o del Gobierno nacional (CIPGN).

“Se trata de una modalidad derivada de lo que conocemos como obras por impuestos (OxI), que nos permitirá llevar agua potable a la población más necesitada y, al mismo tiempo, contar con proyectos mejor diseñados para una futura ejecución”, destacó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

El MVCS planteó dos servicios priorizados para el sector de agua y saneamiento. El primero es el diagnóstico integral sistematizado de agua y saneamiento, orientado a generar información técnica confiable para mejorar la planificación y priorización de futuras inversiones.

Comprende seis componentes que se ejecutarán individualmente, por bloques o como un paquete integrado, identificación de fuentes y análisis de calidad del recurso hídrico; medición de caudales en época de estiaje y de avenida; caracterización del líquido para consumo humano y de las aguas residuales.

Abastecimiento

El segundo servicio priorizado corresponde al abastecimiento temporal de agua potable, que permitirá proveer dicho suministro básico a poblaciones vulnerables mediante camiones cisterna u otras modalidades, mientras se elaboran, gestionan y ejecutan los proyectos de inversión que brindarán una solución definitiva.

El MVCS promoverá también el uso de los servicios por impuestos para los gobiernos regionales y locales.