A inicios del 2017, el Gobierno peruano rescindió la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al consorcio de Enagás, Graña y Montero, y Odebrecht por los casos de corrupción que involucraban a esta última. A partir de esa situación, la firma española llevó a un arbitraje al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el dictado del laudo se ha ido prolongando. Ahora, la expectativa apunta a este primer semestre del 2024.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Enagás aseguró que la elaboración del laudo se encuentra en un estado avanzado, de acuerdo con las indicaciones del Tribunal Arbitral. La compañía busca recuperar la inversión realizada en el GSP antes de su cancelación, como estipula la cláusula 20 del contrato.

Durante la última Junta General de Accionistas de marzo del 2023, el CEO de Enagás, Gonzalo Aizpiri, confió en recuperar el 50% de la inversión (alrededor de US$ 200 millones) en 2024 y el resto más allá de 2030, de acuerdo con su Plan Estratégico. Un mes después, estimó que un laudo favorable llegaría a finales del primer semestre del 2023.

Sin embargo, en julio último, proyectó que la decisión del Tribunal se presentaría recién desde septiembre del 2023.

El arbitraje

El conflicto de Enagás con Perú comenzó en 2017, cuando el Gobierno paralizó el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) de más de 1,000 kilómetros. En consecuencia, la empresa española solicitó un arbitraje ante el CIADI, aunque antes había intentado llegar a un acuerdo.

La firma busca recuperar su inversión, con un reclamo por US$ 500 millones en total.

En el GSP, Odebrecht contaba con una participación del 50%, mientras que Enagás y Graña y Montero con 25%, respectivamente. Este proyecto suponía una inversión de US$ 7,328 millones.