En abril del 2017 se publicó la Ley N° 30556 que -entre otros fines- dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Pero fue recién en junio del 2020, cuando se firmó un contrato de Gobierno a Gobierno (G2G) con el Reino Unido para la reconstrucción del norte.

En este contexto, en entrevista con Gestión, Robert López, el actual director ejecutivo de la ARCC, detalló los proyectos pendientes del componente reconstrucción ad portas de culminar el 2022, así como el nuevo reto al que se están embarcando: las obras de soluciones definitivas.

-De los S/ 3,162.9 millones para obras, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ya ejecutó el 77.4% (al 22 de octubre), según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ¿Cómo esperan cerrar el año?

En el marco del presupuesto 2022, de los S/ 3,162.9 millones hemos avanzado con poco más de S/ 2,440 millones. La meta este año es llegar al 100% (en el 2021, de los S/ 2,508 millones para obras, la ARCC devengó el 79.2%).

-De los recursos que les transfieren a los gobiernos subnacionales y ministerios para ejecutar sus intervenciones, ¿cuál es el avance hasta ahora?

La ejecución de los gobiernos locales, a nivel municipalidades, está por encima del 45%; y los gobiernos regionales registran un resultado similar. Sin embargo, el menor avance se da a nivel de las transferencias a los ministerios.

-¿A qué responde?

Por ejemplo, hay transferencias hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para inversiones, pero se registra hoy problemas en el destrabe de obras, especialmente aquellas que han sido concesionadas con anterioridad. Justamente, tuve una reunión con el equipo de Infraestructura de Transporte de la ARCC (el 12 de octubre). Voy a solicitar una cita al ministro del sector para establecer mecanismos de destrabe y tener un equipo que rápidamente dé solución a esos problemas.

-En general, ¿qué factores explican los retrasos?

Los gobiernos hacen el proceso bajo una modalidad de contrato PEC (Procesos Especiales de Contratación). Esta modalidad de contrato les faculta avanzar en el tema de las inversiones, pero no se han desligado todavía de la rigidez de la norma de la Ley de Contrataciones.

Sin embargo, ya hay una ley sobre los gobiernos subnacionales, básicamente distrital, provincial y regionales, para que puedan apalancar parte de la inversión con sus recursos. Por ejemplo, si hablamos de carreteras, la ARCC solamente puede hacer reposición de la pista dañada hasta un cierto nivel (asfalto básico). Las autoridades quieren asfalto definitivo. Como no nos lo permite la norma, ellos quieren apalancar este componente final con sus recursos.

El otro caso, por ejemplo, es cuando una empresa resuelve el contrato, pero la ARCC ya transfirió los recursos al nivel de gobierno que corresponde. Entonces, hay un desbalance financiero porque -imaginemos- el avance físico fue 30%, pero la ejecución de recursos fue 50%. Ese desbalance, ¿quién lo asume? No lo puede asumir la ARCC porque ya le transfirió el dinero. Siendo así, lo tiene que asumir el gobierno local o regional, porque es su responsabilidad, son los ejecutores.

-Según comenta, esos retrasos se dan a nivel de las transferencias a los tres niveles de gobierno. Pero, ¿qué pasa en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Reino Unido? ¿También hay ciertos retrasos?

En el caso del G2G no tenemos problemas. Tuvimos un problema con un primer paquete en el caso de infraestructura educativa; encontré 15 colegios paralizados. Pero accionamos rápidamente con el equipo, evaluamos posibilidades y una de ellas fue resolver el contrato a una empresa gestora, y (se activaron) las cláusulas que nos permiten continuar la ejecución con los subcontratos, porque al final ellos son las que hacen el proyecto. De los 15, cuatro estaban directamente con el gestor y no había a quién entregarles porque no había subcontratas. En ese caso, se decidió hacer un proceso de procura.

Hace unos días se publicó ley N° 31589 (el 22 de octubre 2022), que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas. ¿Qué dice el texto? La norma dispone que las entidades ejecutoras del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) deberán elaborar un inventario de intervenciones paralizadas, el informe de estado situacional y la lista de obras paralizadas que serán declaradas de prioridad. En una obra paralizada, el mismo contratista podrá seguir en la ejecución en caso manifieste su intención de continuar, de lo contrario, se resolverá el contrato y se autoriza a realizar una contratación directa, con la finalidad de no demorar con la obra que se tiene prevista. Se agrega que también se podrá contratar una consultoría de obra para la elaboración del expediente de saldo de obra que incluya subsanación de partidas de obras mal ejecutadas, partidas de obras faltantes y deficiencias del expediente técnico original.

Los proyectos de reconstrucción y construcción

-¿Cuántos proyectos estaban previstos cuando se inició la ARCC y cuántos se han avanzado o culminado hasta ahora?

En el 2017, cuando se da el fenómeno de El Niño, se identificaron 10,600 intervenciones y se estimó una inversión por encima de los S/ 24,000 millones en el componente reconstrucción. De eso, hemos avanzado un promedio de 82% (hasta ahora), es decir, unas 7,000 obras ya concluidas. En proceso de ejecución y convocatoria tenemos para este 2023 alrededor de 2,200 obras; número que nos resta para cerrar este primer plan (el de reconstrucción). La inversión que se ha avanzado hasta el 30 de setiembre supera los S/ 19,000 millones.

-¿Qué pasa con el componente de construcción?

Tenemos este reto, por el cual estamos agendando importantes reuniones. Ya no es en las 13 regiones donde estamos atendiendo actualmente (con reconstrucción), sino en siete, donde vamos a trabajar fuertemente el componente de construcción, es decir, soluciones integrales. Son obras que por primera vez se tendrán en el Perú. como los drenajes pluviales. Estamos en este momento en el diseño del drenaje pluvial La Libertad y Lambayeque.

También -como parte del componente construcción- ya tenemos la fecha de la entrega del Plan Maestro en Piura. Y tenemos en proceso de procura el diseño y construcción de la defensa ribereña del Río Rímac.

-¿Cuántos proyectos se cuentan como parte de las “soluciones integrales” de las que comentó?

En este componente tenemos identificado alrededor de 181 proyectos en siete regiones. El monto estimado asciende a S/ 22,000 millones. ¿El tiempo? Hasta ahora, en este componente hemos avanzado solo el 20%. Esto nos ha empujado a ir al Consejo de Ministros y poder sustentar la ampliación de la vigencia de la ARCC (culminación de la vigencia institucional de la ARCC: 31 de diciembre del 2022).

Esto, para poder cerrar este primer plan (de reconstrucción). Se estaría terminando de convocar los más de 2,000 proyectos en 2023. Luego, debemos tener un tiempo estimado de entre 1 a 1.5 años para poder concluirlos, lo que significaría llegar al 2024. En ese año estaríamos cerrando este primer plan.

Y se contempla que el plan de construcción requeriría avanzarse -al menos- hasta el 2026, fecha hasta la cual se podría cerrar en un 60% a 65% de su inversión. La inversión es bastante grande, hablamos de kilómetros de defensas ribereñas, recuperación de suelos, reforestación, hay componentes que estamos incluyendo para que no tenga solo un fin de defensa, sino también turístico, de riego, recreativo.

-¿Es fácil incorporar más proyectos a este componente de construcción?

Tenemos un modelo “fast-track”. Ayuda a avanzar porque es diseño y obra. Es decir, vas diseñando y vas haciendo obra. Esto nos permite que podamos ir incluyendo algunas necesidades del proyecto mismo y también algunos pedidos de la población.

-¿El componente de construcción está vinculado sobre todo al G2G o también habrán transferencias a los niveles de gobierno?

Se avanzó con en este componente a inicios del 2017 con una pequeña inversión, donde se hicieron trabajos básicamente de descolmatación, limpieza de los ríos, las quebradas. Nada más se avanzó. Este es un proyecto donde habrá algunas transferencias a los niveles de gobierno, pero para solo algunos trabajos pequeños. Los trabajos estratégicos, de gran inversión, van a tener que ser ejecutados mediante el acuerdo Gobierno a Gobierno.

-¿Por qué?

Tres razones: la dimensión del proyecto; no hay experiencia en el Perú en relación con este tipo de inversión; y necesitamos ubicar empresas internacionales que hayan hecho este tipo de obras para que vengan al Perú mostrando solvencia técnica y económica. Esos tres aspectos son sumamente importantes, y por eso el acompañamiento del Reino Unido en las procuras va a garantizar justamente que estos proyectos se cumplan en el tiempo y, sobre todo, con la calidad que el pueblo espera.

Una adenda al contrato

-Menciona que el acompañamiento de Reino Unido es fundamental. Pero, la vigencia del G2G culmina este año. ¿Qué harán?

Tuvimos una reunión (el 11 de octubre) con el grupo del Reino Unido, en la que hemos solicitado la ampliación de al menos un año más -a través de una adenda- para estas procuras. Eso mientras tengamos el segundo plan (el de construcción).

Porque si queremos hablar de un nuevo convenio con ellos, hay algunas exigencias. Básicamente son dos importantes: uno es que establezcamos la nueva vigencia de la autoridad (hasta el 2026), porque actualmente solo es hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Cómo firmamos un acuerdo (con Reino Unido) si no tienes la vigencia de la ARCC? Lo segundo es que tenemos que presentar el paquete de proyectos -de construcción- para que nos digan cuánto nos va a costar.

-¿La adenda les dará “tiempo” hasta lograr la extensión del convenio G2G?

Mientras podamos alcanzar estas dos exigencias (ampliación de la vigencia de la ARCC y el paquete de proyectos de construcción) que nos dieron ellos, debemos tener un tiempo. No es de un día para el otro, al menos necesitamos tres meses. Por eso hemos optado por un adenda para que se amplíe un año más y poder tener con ellos la procura.

En este lapso, podemos ir avanzando con los proyectos que tenemos pendientes por adjudicar en el componente reconstrucción, como tres hospitales en Piura y cinco colegios que están en road show en estos momentos; y alistar los primeros proyectos del componente construcción.

Una vez que se consiga la aprobación de la vigencia de la ARCC, le decimos a Reino Unido: “Está es la aprobación de la vigencia y nuestro paquete de soluciones integrales”. Ya con eso hacemos un nuevo acuerdo.

-Si la ARCC se extiende hasta el 2026, ¿se ampliará la vigencia del acuerdo con Reino Unido a través de una segunda adenda o qué mecanismo se utilizará para continuar bajo un esquema de G2G?

Eso es materia de evaluación.

Proyecto de ley para Reconstrucción con Cambios

-El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley N° 3236, que busca “establecer medidas necesarias para el cumplimiento de la implementación del plan integral para la Reconstrucción con Cambios”. Diría que tiene tres puntos clave. Uno de ellos justamente es la ampliación de la vigencia de la ARCC hasta el 2026. ¿Ustedes mismos pidieron este plazo?

Cuando asumí la función hicimos varios análisis. Uno de ellos relacionado al avance que hemos tenido desde el 2017 a mayo del 2022. En cinco años encontramos en ese mes que se avanzó un 60% del primer plan (reconstrucción). Eso nos llamó rápidamente a tomar dos decisiones. Hicimos una línea de tiempo para ver, en función a este avance, cuántos proyectos faltaban. Hablábamos de casi 5,000 proyectos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ejecutarlos y qué presupuesto? Así, estimamos que entre 2022, 2023 y 2024 estaríamos ejecutando los últimos proyectos.

Sobre el componente de soluciones integrales, que detectamos un avance de solo 4%. Hicimos otra corrida y nos dimos cuenta que la ejecución de esos proyectos con los S/ 22,000 millones estimados a invertir aún pasaría incluso del 2026. Llegaría hasta el 2028. Por ello, se tomó la decisión de solicitar la ampliación de la ARCC por el periodo de este Gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2026; para que en julio de ese año, cuando se haga la transferencia a un nuevo Gobierno, este pueda tomar la decisión de tomar de continuar con la ARCC o, en todo caso, seguir con los proyectos de soluciones definitivas o incorporar otros más.

-Otro punto del proyecto de ley fue que se propone que la autoridad cambie -de oficio- a las entidades ejecutoras atrasadas. ¿Han detectado cuáles son las unidades ejecutoras que están más atrasadas?

Especialmente estamos hablando de los ministerios. Los ministerios tienen mucha carga laboral, mucha responsabilidad. En contraparte, tenemos municipalidades distritales, provinciales o gobiernos regionales eficientes en su ejecución, que están comprometidos con la gestión.

Entonces, un alcalde solicita -por ejemplo- al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que la unidad ejecutora pase a ellos porque sí quieren hacerlo, conocen su territorio, tienen equipo. Si Agricultura dice: “Sí, yo te autorizo”, entra a Consejo Directivo para que lo apruebe.

Si se aprueba el proyecto de ley, la facultad del Consejo Directivo va a continuar.

-¿En qué parte entra la ARCC para actuar de oficio?

Ahora, mediante evaluaciones financieras y técnicas, la ARCC podrá notificar -de oficio- a la entidad que no avanza. Le diremos “usted tiene un plazo para poder avanzar con la ejecución de este proyecto. Y si no lo cumple, entonces yo voy a accionar porque no podemos permitirle que este presupuesto siga paralizado”.

No vamos a quitarle los proyectos a nadie, lo que vamos a hacer es tener la facultad para poder pedirlo de oficio y transferir los recursos, si corresponde a un gobierno municipal, provincial o regional.

-Un tercer punto del proyecto de ley es que se le otorgue la autoridad de expropiar bienes inmuebles a la ARCC. ¿A qué se apunta?

Ese es un punto muy importante; de hecho, ya estamos trabajando con el equipo social. Hemos conformado un equipo social para poder entrar a estos proyectos. Tenemos más de 3,000 propiedades en estos momentos por donde van a pasar estos proyectos de soluciones integrales.

-Si no tuvieran este proyecto de ley, ¿cuál sería el procedimiento?

Seguramente van a pasar años de años para poder convencerlos, motivarlos.

Salida de la directora ejecutiva. En mayo se dio a conocer la salida de Amalia Moreno del cargo de directora ejecutiva de la ARCC, el cual venía desempeñando desde el 2019. Según Moreno, se enteró por el Diario Oficial El Peruano de la designación del nuevo director, en consecuencia de su salida. Ante la pregunta sobre la mencionada situación, Robert López, el actual director ejecutivo de la ARCC, dijo: “Somos funcionarios públicos. Yo he asumido varias responsabilidades. Sé que hasta donde llegamos damos el agradecimiento y demostramos lo que hemos hecho. Nosotros estamos demostrando con cifras. Hemos avanzado desde mayo al 30 de septiembre un 18% de la ejecución en comparación al periodo enero – mayo (10%). De enero a mayo se ejecutó aproximadamente S/ 1,500 millones; de mayo a setiembre hemos ejecutado S/ 2,400 millones. Las cifras lo dicen claramente que nosotros hemos asumido una función tomando retos y mirando objetivos. Comprendemos perfectamente que esta es una entidad técnica y lo estamos demostrando”.

Whitney Miñán – Gestión