La decisión de los alcaldes de Surco y Magdalena está generando la reacción de las inmobiliarias. El primero derogó una ordenanza que permitía la construcción de edificios con más alturas (bajo el paraguas de viviendas ecológicas) y a la par ha puesto bajo vigilancia el desarrollo de viviendas sociales, mientras que el segundo ha suspendido el otorgamiento de licencias de construcción por seis meses.

En el caso de Surco, el propio alcalde Carlos Bruce detalló aGestión -hace una semana- que algunas inmobiliarias construyeron edificios por encima de lo permitido por la zonificación amparándose en que eran deinterés social cuando en la práctica se vendían por encima de ese valor. Lo mismo pasaba con las viviendas ecológicas.

En tanto que, en Magdalena, su alcalde Francis Allison, explicó que tomó esta decisión (ya no dar más licencias de construcción) debido a que se vienen construyendo “los edificios más altos de la historia”. “Por ejemplo, en el cruce de la Javier Prado con la calle Larco Herrera un edificio de 27 pisos cuando solamente se pueden construir 15 pisos de vivienda”, detalló.

Ante este panorama, ¿qué acciones alistan las inmobiliarias afectadas?

Marco del Río, past president de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), consideró que ambos alcaldes están tomando decisiones que “afectan la predictibilidad a la inversión” ya que se están emitiendo decretos “sin previo aviso” como en Magdalena, de suspensión de emisión de licencias, y en Surco, con cambios de zonificación cuando estas deben pasar por la Municipalidad de Lima.

En la vispera, desde Surco se emitió un decreto de alcaldía para modificar los parámetros de la zona 3 (esta son zonas de mayor poder adquisitivo) para que no existan viviendas de menor valor en esa área. “El alcalde de Lima va a tener que paralizarlo”, precisó.

“Lo que nos preocupa es que tanto los distrios de Surco como Madaglena están cambiando o derogando normas sin previo aviso, lo que afecta la predictibilidad a la inversión. Si se quiere cambiar una norma, lo entendemos, podemos conversarlo, pero no hacerlo de la forma como se está procediendo en ambos distritos. Nos preocupa que los alcaldes desconozcan las leyer aprobadas y las inversiones vigentes”, argumentó.

Respecto a la posibilidad de construir viviendas de interes social en distritos donde el precio del metro cuadrado no permitiríra vender el departamento edificado a un precio social, el desarrollador inmobiliario comentó que existe una norma -emitida por el Ministerio de Vivienda- que permite desarrollar proyectos de interes social en todos los distritos de Lima, con mayores altura, siempre y cuando el 50% de las viviendas de ese edificio, se vendan a precio de social, es decir, a precios de Mivivienda.

“Lo que hay que analizar es que si estos edificios (suspendidos en Surco) han cumplido con esta norma. Lo que si hemos visto es que en zonas de valor alto se han hecho proyectos inmobiliarios en las que se han reducido las áreas de los departamentos para poder llegar al precio de vivienda social. Si hay incumplimientos, los alcaldes tienen todo el derecho de sancionar, pero lo que no pueden hacer es cambiar las normas retroactivamente”, especificó.

El temor de los desarrolladores es que medidas como las de Surco y Magdalena, sean puestas en práctica también por otras autoridades y se “desconozca los derechos adquiridos por lo inversionistas”.

Así, en el caso de ADI, entre las medidas que se tiene previsto llevar a cabo, se encuentra la de reunirse con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como máxima autoridad para revertir la decisión de Surco y Magdalena.

“Lo que están haciendo estos alcades distritales es no reconociendo la autoridad de Lima, que si tiene la autoridad para todo lo que es zonificaciones en los distritos. Lo que no puede aceptar el alcalde de Lima, es que lo ignoren. Estamos recurriendo a Lima para que estas medidas sean revertidas”, subrayó.

Ernesto Durand, director de Capeco, agregó que las medidas de Surco y Magdalena son populistas, ya que “carecen de fundamento técnico” ya que tienen un impacto negativo sobre la industria de la construcción, pese al déficit de viviendas.

“Lo que ha emitido Magdalena -suspendiendo la emisión de licencia de construcción por decreto- jurídicamente está mal, ya que un alcalde no puede limitar el derecho de las personas, además de arbitrario, mientras que la suspensión de cuatro licencias en Surco es ilegal ya que no existe la figura de la suspensión. Cuando se quiere anular una licencia lo que tuvo que hacer es remitirla a la instancia superior, como a Lima o MVCS”, comentó.

Este especialista concordó que las medidas de Surco y Magdalena afectan la predictibilidad y la seguridad juridica.

“¿Qué quiere decir ello? Las inversiones inmobiliarias son de muy larga data ya que toma entre tres y cuatro años desde que se consigue el terreno, se adquiere, se obtienen las autorizaciones, se hace el proyecto, entre otros aspectos. Las inversiones inmobiliarias se realizan en función a reglas claras y con seguridad jurídica. Cuando se compra un terreno, el inversionista sabe cuántos pisos se pueden construir usando las reglas del momento, por ejemplo, si hay una ordenanza para viviendas sostenibles, esta se puede usar para el desarrollo inmobiliario”, especificó.

Lo que no puede pasar -añadió- que la nueva autoridad anule todo lo aprobado bajo ordenanzas anteriores debido a que estos inversionistas ya tiene un derecho ganado. “Eso se debe respetar”.

¿Qué se va hacer? En el caso de Capeco remarcó que se van a usar “todas las herramientas legales” para revertir estas decisiones “amparados en insituciones como el Indecopi y el Ministerio de Vivienda”.

En ese sentido, dijo que -en el caso de Indecopi sobre la decisión de Magdalena- se tiene previsto interponer una denuncia por barrera burocrática, la que deberá ser presentada por las inmobiliarias directamente afectadas.

“A través de Asei, Capeco y ADI hemos hecho un alcance con el Ministerio de Vivienda para que exhorte -a traves de una carta- a Magdalena para que levante la medida (de no dar más licencias por sesis meses). Este es punible de acciones legales ante Indecopi por ser una barrera burocrática ilegal. Estamos coordinando con las inmobiliarias que se han visto perjudicadas ya que son estas las que tienen que hacer la acción legal”, puntualizó.

Karen Guardia Quispe – Gest