Hay 2.428 proyectos detenidos y se necesitan S/ 21.812 millones adicionales para que sean concluidos, según una estimación de la Contraloría hasta junio de este año. Mayor inversión se concentra en gobiernos regionales. Cusco, Puno, Lima, Áncash y Ayacucho tienen más casos por incumplimiento de contratos, falta de recursos y fallas en expedientes técnicos.

Carreteras, colegios, hospitales y sistemas de agua potable y alcantarillado que se han quedado en fierros, ladrillos, cemento y mucho polvo. Todos estos son proyectos que fueron anunciados con bombos y platillos y que, en la actualidad, se encuentran detenidos por negligencia o irregularidades del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Es un problema de todos los años que viene agravándose aún más en perjuicio de millones de peruanos.

A junio de este año, en todo el país existen 2.428 obras públicas paralizadas porque no han tenido ningún tipo de avance durante seis meses o más, según un último informe técnico de la Contraloría de la República.

Lo preocupante es que el Estado ya ha gastado cerca de 22.500 millones de soles y necesita 21.812 millones adicionales para que todos estos proyectos puedan ser terminados. Esto, debido a que el costo actualizado de las inversiones suma, en total, 44.297 millones de soles.   

El mayor número de obras paralizadas se encuentra a cargo de los municipios provinciales y distritales (1.732). Le siguen el Gobierno nacional (369) y los gobiernos regionales (327). En montos de inversión, la lista se voltearía. Los gobiernos regionales tienen proyectos sin avance por 17.339 millones de soles, seguido por el Gobierno nacional, con 17.252 millones y los municipios, con 9.706 millones. Eso pasa porque los alcaldes formulan proyectos más pequeños.

Asimismo, las regiones donde se concentran los proyectos detenidos son Cusco (320), Puno (273), Lima (196), Áncash (193) y Ayacucho (163), revela el informe de control (ver infografía).

Esta es la papa caliente que dejarán las autoridades del Ejecutivo en julio del 2026; así como los gobernadores regionales y alcaldes en enero del 2027.

“No hay nada peor que una inversión realizada por el Estado que está paralizada. Hubiese sido mejor no ejecutar”, responde el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Guido Valdivia, quien agrega que en un solo año el costo de todas las obras públicas detenidas creció en 25%, al pasar de 36.000 millones de soles, en junio del 2024, a 44.000 millones, en junio del 2025. “Es un problema real.  Y no es solo por las obras nuevas que aumentan la cifra sino por la actualización de aquellas que no avanzan y se van deteriorando”.

Serias deficiencias

Pero, ¿por qué ocurren estos problemas? De acuerdo con el informe de la Contraloría, los proyectos están paralizados por incumplimientos de contrato (610), falta de recursos financieros y liquidez (516), deficiencias en el expediente técnico (249), discrepancias, controversias y arbitrajes (222), abandono de la obra (193), entre otras causales.

El excontralor Nelson Shack  responde que la paralización de las obras públicas “es el síntoma final de la problemática de la inversión pública en el Perú, ya que la causa de fondo es la baja capacidad de ejecución y de gestión de las entidades”. El excontralor Fuad Khoury agrega que también es por la corrupción que aparece por el poco nivel de integridad de los funcionarios.

Y mientras eso sucede, la cartera de proyectos sigue aumentando sin que concluyan los que están en ejecución. Ese es otro problema, señala el funcionario de la Contraloría, Luis Portugal.

“Existe una saturación del sistema porque en Perú hay 131.000 inversiones con componente de obra de infraestructura en ejecución, pero el Estado tiene la capacidad para 45.000. Está sobrecargado casi tres veces en su capacidad”, menciona.

Pese a ello, explica, las autoridades quieren ejecutar estas inversiones, pero solo avanzan con algunas porque entra una nueva gestión y, por carácter de priorización, las paralizan por los recursos y empiezan otra obra que fue promesa de campaña. Eso repercute en la saturación del sistema”, dice Portugal.

En el caso de los gobiernos locales, afirma que los problemas se dan porque hay alta rotación de funcionarios, con cada cambio de gestión. “Lo más complicado es que, según Servir, solo el 2% tiene capacidad óptima para ejecutar inversiones”.

En tanto, según sectores, Portugal responde que hay más obras paralizadas relacionadas a  transportes y comunicaciones, vivienda y saneamiento, y agricultura. Hay muchas carreteras que no se concluyen; fibra óptica que son muy caras, sistemas de agua potable y colegios con malos expedientes técnicos, y sistema de irrigación con conflictos.

Pero eso no es todo. El mayor número de proyectos detenidos corresponde a la modalidad de ejecución por contrata (1.208), seguido por la administración directa (1.185), detalla el último informe de la Contraloría.

“Hay un círculo vicioso en las obras paralizadas. Se hace un mal expediente técnico que debe corregirse después, pero eso implica un nuevo plazo y un aumento del presupuesto. Los funcionarios se asustan, no aceptan y, al final, el proyecto para y se va al arbitraje”, dice el vocero de Capeco, Guido Valdivia. 

Debido a ello, propone que se regule los proyectos por administración directa, que nadie vigila porque son de emergencia. “Son montos de menor cuantía, pero una comisión  integrada por los colegios profesionales puede inspeccionarlos. También los bancos y compañías de seguros, a través de Asbanc y Apeseg, deben presentar una plataforma virtual para que las autoridades puedan revisar las fianzas de las empresas, con el fin de saber si tienen liquidez. Además, no se deben aprobar nuevas inversiones si los ejecutores tienen obras paralizadas”.

Acciones de Contraloría

El contralor César Aguilar ha señalado que, desde agosto del 2024 hasta setiembre del 2025, se han reactivado 382 obras públicas por un monto de S/5.100 millones. De estas, en 221 intervino la Contraloría mediante el  nuevo servicio de control, lo que equivale al 58% del total reactivado. “Esta es una estrategia de acompañamiento técnico y preventivo, articulación institucional y compromisos de gestión entre los actores involucrados”.

Los proyectos reactivados están concentrados en sectores claves, como transportes, vivienda, saneamiento, salud y educación. “Se busca evitar el deterioro de las estructuras, la pérdida de recursos públicos y el riesgo de que nuevas paralizaciones comprometan la culminación de proyectos”, dijo.

Reclamo de municipios

La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) viene  denunciando la paralización de más de 1.200 obras ejecutadas hace dos años debido a la falta de financiamiento adecuado por parte del Gobierno.

Héctor Lolo Antonio, alcalde de Tayacaja y vicepresidente de la Remurpe, señaló que el Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos y la Ley de Crédito Suplementario, ha destinado solo entre 15% y 30% del financiamiento necesario para completar las obras, las cuales abarcan sectores críticos, como educación, salud, infraestructura vial, agua y saneamiento.

“Hay un peloteo entre el MEF y los ministerios. En el MEF nos dicen acérquense a los sectores de Vivienda, Transportes; y vamos allá y nos dicen vayan al MEF. No sabemos qué hacer. Hemos tenido 200 protestas y eso va a reventar porque los vecinos de nuestros pueblos vendrán a Lima”