El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha oficializado la contratación del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para representar al Perú en el arbitraje iniciado por Gasoducto Sur Peruano S.A. en Liquidación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo el caso ARB/24/29. La medida se formalizó a través de la Resolución Ministerial N° 404-2025-EF/43, publicada el 28 de agosto, en concordancia con la Ley N° 28933, que faculta al MEF a liderar la estrategia legal del Estado en controversias internacionales de inversión.

El origen de este arbitraje se remonta al contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, firmado en 2014 entre la empresa y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Tras la resolución del contrato y la posterior liquidación de la empresa, esta decidió presentar una demanda contra el Estado peruano, lo que dio inicio a un proceso ante el CIADI, tribunal que resuelve disputas entre inversores y Estados.

Con el fin de asegurar una defensa sólida, la Comisión Especial de Controversias Internacionales de Inversión seleccionó al bufete Arnold & Porter, reconocido por su experiencia en arbitrajes complejos a nivel internacional. El contrato aprobado contempla un presupuesto de S/ 24.418.125,00, el cual será ejecutado en el periodo comprendido entre 2025 y 2029.

La resolución también autoriza al jefe de la Oficina General de Administración del MEF a suscribir el contrato con el estudio legal, que asumirá la asesoría integral y la representación directa del Perú en todas las etapas del proceso arbitral. La estrategia legal incluirá la preparación de documentos, audiencias, defensa oral y coordinación con entidades del Estado involucradas en la controversia.

Este arbitraje es considerado estratégico no solo por la magnitud de los montos en disputa, sino también por su relevancia en la política energética del país y el manejo de concesiones de megaproyectos de infraestructura. La decisión del MEF busca garantizar una defensa técnica y especializada que proteja los intereses del Estado frente a una de las controversias más importantes en materia de inversión internacional en los últimos años.