El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, anunció que su cartera destinará entre S/800 millones y S/1.000 millones adicionales a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en octubre, tras más de dos meses de paralización de obras por falta de recursos. Sin embargo, el monto está lejos de los S/3.700 millones solicitados por la entidad para continuar con su cartera de proyectos.

Según explicó el ministro, actualmente no existe espacio fiscal suficiente para cubrir toda la demanda de la ANIN sin comprometer la meta de déficit fiscal de 2,2% para 2025. “En septiembre haremos un análisis con todos los ministerios. Si pagamos todo de golpe, incumplimos la meta fiscal. Por eso, recién en octubre podríamos empezar los desembolsos”, señaló en una entrevista con Canal N.

La ANIN, creada en julio de 2023 en reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, tiene a su cargo 194 proyectos por más de S/48.900 millones con ejecución prevista hasta 2031. Solo en 2024, ejecutó S/5.000 millones, el 95% de su presupuesto, lo que permitió adelantar cinco años el plazo de entrega de obras. No obstante, ese mismo ritmo dejó a la entidad sin fondos desde agosto.

Para 2025, el presupuesto asignado apenas supera los S/3.000 millones, lo que representa una caída de casi 40% respecto a lo ejecutado este año y está muy por debajo del requerimiento real. A diferencia de 2023, cuando se autorizó un crédito suplementario en el segundo semestre, este año no se aprobó una ampliación, obligando a detener obras y afectar a contratistas, subcontratistas y trabajadores.

Un caso crítico es el del distrito de Moche, en Trujillo, donde se paralizaron las defensas ribereñas del río Moche —con 73% de avance— por falta de financiamiento. El proyecto, previsto para concluir en diciembre de 2025 y ejecutado por el Consorcio Besalco Stracon bajo encargo de la ANIN, mantiene en alerta a los vecinos ante la proximidad de la temporada de lluvias.

Para Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el Gobierno envía un mensaje contradictorio: “Se premia a las entidades que no ejecutan y se limita a las que sí lo hacen. Se necesita revisar las reglas de asignación presupuestal”. Recordó que entre enero y julio la inversión pública fue de S/27.000 millones, y la falta de recursos para la ANIN representa un 10% que se dejaría de ejecutar.

El impacto también se refleja en el empleo: según la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, cerca de 20.000 trabajadores han quedado sin actividad. “Si el ritmo baja, las obras se retrasan, suben los costos y muchas empresas podrían retirarse. El gran afectado es el ciudadano, que no recibirá agua, luz o infraestructura básica en el tiempo prometido”, advirtió Valdivia. Además, 170 proyectos de prevención ante el Fenómeno El Niño podrían quedar en riesgo.

Desde el sector privado, César Barrios, gerente del Instituto de Economía de la Cámara de Comercio de Lima, también alertó sobre los sobrecostos derivados de estas paralizaciones. “Obras con 97% o 98% de avance detenidas terminarán costando mucho más. El MEF sobredimensiona el impacto fiscal; el problema no es falta de dinero, sino de distribución”, indicó. Advirtió que si persiste esta mala asignación, el país podría perder hasta S/22.000 millones en inversión no ejecutada para fines de 2025.

Aunque el sector construcción ha mostrado una recuperación —con tres meses consecutivos de crecimiento y un avance de 2,7% en julio— la Contraloría reportó que, al 30 de junio, casi la mitad del presupuesto de inversión nacional aún no se ha ejecutado. Pese a ello, entidades con baja ejecución mantienen sus recursos, mientras que a la ANIN, con eficiencia demostrada, se le niegan ampliaciones. “El problema no está en la ANIN, sino en una distribución que castiga la eficiencia”, concluyó Valdivia.