Hablar de la posible reapertura del penal de El Frontón no solo remite a su controvertida historia, sino que también evidencia el abandono de cárceles inconclusas en diversas regiones del país. Pese a que informes técnicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desaconsejan reconstruir un penal en esa isla, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, insiste en impulsar un costoso proyecto que reabre un debate ya zanjado por los especialistas.

La historia del antiguo penal incluye mucho más que el motín de 1986. El Frontón fue escenario de frecuentes fugas, intentos de saqueo y presencia de internos de alta peligrosidad, como Guillermo Portugal Delgado, alias “la gringa”, uno de los delincuentes más temidos de su época. Sin embargo, mientras se insiste en recuperar un penal con limitada capacidad —albergaría a solo 2,000 reos—, se deja de lado proyectos que podrían albergar a más de 12,000 internos y que llevan años abandonados.

Entre esos proyectos figura el Megapenal de Ica, ubicado en el distrito de Santiago, en pleno desierto. Anunciado en 2018 como la gran solución al hacinamiento carcelario, hoy no es más que una estructura inconclusa. Su expediente técnico fue reformulado por cuarta vez en abril de 2025, y sigue enfrentando múltiples trabas técnicas y burocráticas.

La historia de este penal representa una radiografía del colapso del sistema de infraestructura penitenciaria. El contrato original fue firmado en mayo de 2018 con el Consorcio Ejecutor Ica, pero se anuló en enero de 2020 por irregularidades en la documentación presentada. Desde entonces, el proyecto quedó paralizado. En 2022, un nuevo expediente técnico valorizado en S/482 millones fue aprobado, pero las estructuras existentes no cumplían los estándares internacionales, como las “Reglas Mandela” de la ONU.

En 2023, se intentó dar un nuevo impulso contratando una reformulación del expediente técnico, lo que evidenció más obstáculos: falta de acceso vial adecuado desde la Panamericana Sur, deficiencias en el suministro de agua subterránea y ausencia de viabilidad eléctrica. Además, ANA (Autoridad Nacional del Agua) exigía contar con un pozo operativo para emitir licencias, mientras que ElectroDunas condicionaba la electricidad a ese permiso, generando un círculo vicioso institucional.

Pese a estos inconvenientes, en agosto de 2024 se firmó un nuevo contrato de consultoría para cerrar el expediente técnico en 135 días. Sin embargo, las observaciones del supervisor y la falta de coordinación entre las entidades involucradas volvieron a retrasar el cronograma. Finalmente, en abril de 2025 se logró aprobar la reformulación definitiva del proyecto.

El nuevo estimado de inversión asciende a S/602.9 millones, con un plazo de ejecución de 717 días calendario, lo que proyecta su entrega recién para 2027. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia continúa apostando por una propuesta en El Frontón que ni el INPE ni los expertos consideran viable, mientras megaproyectos abandonados como el de Ica podrían ofrecer una solución real y sostenible al hacinamiento carcelario.