En los tres primeros meses de este 2024, el presupuesto de inversión pública de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal) ascendió a S/ 63.8 mil millones. Del total de recursos, más de la mitad se encuentra a cargo de entidades subnacionales: gobiernos locales (33%) y gobiernos regionales (23%).

Casi S/6 de cada S/10 del presupuesto para inversión están a cargo de los gobiernos subnacionales. Por departamentos, los que tienen mayor presupuesto son Cusco y Lima con S/4.1 mil millones y S/3.2 mil millones, respectivamente. Ambos departamentos representaron el 20.5% del presupuesto total a nivel subnacional.

En un análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido en exclusiva con Gestión, se hace una revisión a las dificultades de las regiones y municipios, así como las demoras que registran para otorgar la buena pro a los proyectos.

Ritmo de ejecución

Según la revisión del CPC, la ejecución de los recursos para obras, a marzo pasado, –devengado sobre presupuesto– se incrementó 84% en los gobiernos locales y de 45% en los regionales, respecto a lo ejecutado a marzo del 2023.

Sin embargo, en el primer trimestre de este año, se ha observado una desaceleración mensual del crecimiento de la inversión pública.

“Por tanto, si bien existe un aumento de la inversión pública, es relevante sostener su ritmo de crecimiento y, para ello, es necesario reducir los múltiples problemas alrededor del ciclo de inversión de un proyecto”, apunta el CPC.

En la planificación y formulación de proyectos de inversión, uno de los problemas es la demora en las adjudicaciones de los proyectos de inversión.

Al respecto, un indicador que aproxima los retrasos en la adjudicación de las inversiones subnacionales es el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) trimestral, elaborado por el CPC. Dicho indicador mide los retrasos entre la convocatoria y la buena pro en las inversiones regionales y locales adjudicadas por las principales unidades ejecutoras.

Retrasos en inversiones

En la última actualización del indicador, al primer trimestre de este 2024, se analizaron 148 proyectos de un total de 233 obras convocadas por una muestra de unidades ejecutoras de los gobiernos subnacionales durante el primer tramo de este año.

El ratio de adjudicación (número de proyectos adjudicados/número total de proyectos) fue de 43%. Además, los resultados muestran que los retrasos en los proyectos ascendieron al 45% del plazo programado para los gobiernos regionales, y al 66% para los locales.

¿Qué significa esto? Que en promedio las regiones tenían previsto adjudicar sus proyectos en 21 días entre la convocatoria del proceso de selección y la adjudicación de la buena pro, pero finalmente tardaron 30.

En el caso de las municipalidades, inicialmente tenían previsto dar la buena pro –en promedio– en 15 días, pero al final tomaron 25 días.

Con ello, el CPC reconoce no solo que hay demoras, sino que municipios y regiones ahora tardan más que hace un año en otorgar la buena pro a los proyectos. Pues, según su análisis, estos tiempos son mayores a los que les tomaba en el primer trimestre del año pasado.

Además, ya revisando a nivel de detalle, según la información puede tomar hasta tres veces adjudicar un proyecto a nivel subnacional.

Regiones

En cuanto al indicador de retrasos, durante el primer trimestre de este año, solo los proyectos de 16 regiones cumplieron con las condiciones de análisis, tardando en promedio nueve días más en otorgar la buena pro en relación a lo programado.

“Lo anterior implica un mayor nivel de retraso en relación al primer tramo del 2023, cuando los retrasos ascendieron a 31%. Por regiones, San Martín presentó el mayor retraso (230%) y a esta le siguen La Libertad (119%) y Huancavelica (61%). En contraste, Ica registró la menor demora entre las regiones analizadas: 0% de retraso”, comenta la entidad.

Municipalidades

Las municipalidades se demoran en promedio 10 días más para otorgar la buena pro en relación con lo programado.

“Lo anterior implica un mayor nivel de retraso en relación con el primer trimestre del año pasado, dado que los retrasos ascendieron a 43%. Al 31 de marzo último, las municipalidades de Piura presentaban el mayor retraso (167%) en cinco proyectos analizados. A estas le siguen las municipalidades de Arequipa (163%) y las de Moquegua (154%). Por otro lado, las municipalidades de Junín tuvieron el menor retraso (0%) en dos proyectos convocados”, subraya el CPC.

Análisis de las cifras

Álvaro Cubas, economista del CPC

Cubas reconoce que hay al menos dos factores que influyen negativamente sobre los gobiernos subnacionales: falta de capacidades de las autoridades y la incorporación de nuevos proyectos aún cuando no se culminan los que están en cartera.

“Una de las principales causas de este tipo de sucesos es que existe una cartera muy amplia que manejar cada año. Se generan bastantes proyectos nuevos, se crean ese mismo año, se les da presupuesto, se amplía la cartera y dificulta la ejecución de estos. Una de las causas, por ejemplo, es la sobrecarga de los funcionarios. Justamente, como menciono, hay una cantidad amplia (de proyectos) que se debe revisar, manejar, darle planteamiento, ejecución del recurso. Es un peso fuerte que termina repercutiendo que haya retrasos”, anota.

Obras de alto impacto y más mecanismos

Los resultados del Índice Regional de Gestión Pública trimestral muestran que, en promedio, los gobiernos regionales y locales tardan casi el doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto. En ciertos casos, las demoras son de hasta tres veces en algunos gobiernos regionales, como San Martín (230%), y en algunos locales hasta dos veces como Piura (167%).

Frente a ello, dice el CPC, urge implementar medidas que mitiguen los cuellos de botella, especialmente en la etapa de adjudicación, donde se observan preocupantes demoras a nivel subnacional.

Por ejemplo, se propone agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales. “La creación de estas unidades especializadas se gatillará en caso de que los gobiernos locales no ejecuten sus recursos de manera eficiente. Además, se plantea que la infraestructura generada a partir de la implementación de esta medida pase a ser adjudicada para su operación y mantenimiento por parte de ProInversión vía Obras por Impuesto (OxI) o APP”, dice.

Además, se plantea utilizar mecanismos distintos a la Ley de Contrataciones que incorporen las mejores prácticas internacionales para las obras de gran envergadura.