En el marco de CADE Ejecutivos 2023, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuellar, conversó con Gestión sobre los planes que su cartera se encuentra cerrando en las últimas semanas del año y su planificación para el 2024.
En saneamiento, la ministra apuesta fuertemente por la modificación del Decreto Legislativo N° 1280, que contiene el marco para la gestión y prestación de estos servicios. En vivienda, el MVCS apunta a que los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) viren a otros distritos, a la par que ejecutan un nuevo programa: Waysimi.
-Ha señalado que el objetivo del MVCS es construir 136 mil viviendas en 2024 en alianza con el privado, ¿qué rol jugará la modalidad Obras por Impuestos (OxI) en esta misión?
Hemos propuesto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamentar su uso para construir vivienda rural. Estamos cerca de publicarlo antes de diciembre y nace por pedido de varias empresas mineras con influencia en esas zonas. Con ello esperamos poder construir cerca de 16 mil viviendas en 2026. Los gremios inmobiliarios también lo apoyan.
-Uno de esos gremios, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) ha dicho que por la oposición de algunos distritos a la VIS ya se paralizaron casi 400 proyectos por un valor de US$ 1,500 millones, ¿han tenido acercamiento con los alcaldes opositores?
Sí, pero la potestad de acatar el nuevo reglamento de la VIS es suya. Nosotros lo modificamos en concordancia con lo que dijo el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, distritos como Miraflores y San Borja se oponen a dar licencias a proyectos ya construidos o en diseño. Tenemos que incidir en que el nuevo reglamento acata lo que manda el TC y que no pueden ser retroactivas.
-¿Está entrampada la VIS en Lima Metropolitana?
Buscar un mecanismo de solución es uno de nuestros principales temas de agenda. Por otro lado, no podemos parar por por municipios que se oponen al reglamento VIS. Estamos trabajando con aquellos que sí lo quieren, como Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y la misma Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Son distritos donde la brecha es importante. En diciembre expondremos los trabajos que se están haciendo con ellos.
-Hace unos días inició el programa “Waysimi”, con la convocatoria a concurso público para el proyecto “Oasis de Villa”. ¿Cuál es la ruta para los otros 33 terrenos estatales que maneja su cartera para VIS qué forman parte del programa?
Con Waysimi el Estado por primera vez será promotor de VIS. Hasta ahora siempre reaccionábamos a propuestas privadas: lotizaban terrenos e interveníamos con bonos. Continuará, pero queremos ir más allá. En diciembre saldrá concurso la Ciudad Charles Sutton, en Lambayeque. El resto dependerá de la habitación urbana. Muchos tienen problemas de certificaciones para agua.
-¿Qué harán para destrabar caso por caso esos terrenos?
Recurriremos al sector saneamiento bajo un enfoque en grandes ciudades. Así, por fin, el MVCS podrá articular sus viceministerios. Antes trabajaban solos, ahora lo harán con enfoque territorial. Donde haya terreno público disponible, agilizaremos los procesos. Solucionado eso, saldrán a concurso.
-En CADE Ejecutivos 2023 usted participó en un panel sobre las Asociaciones Público Privadas (APP’s). Usted ha dicho antes que esta modalidad es clave para financiar obras de saneamiento. Además de obras de cabecera, ¿qué otros proyectos podrían ir por APP?
En cartera tenemos 17 proyectos de saneamiento bajo APP con diferentes niveles de maduración en ProInversión. Es una herencia de la gestión anterior. Estamos rediseñando la estrategia. Vamos a revisar esa cartera para identificar procesos engorrosos y hacerle una propuesta al MEF para acelerarlos o eliminarlos. Una APP de saneamiento demora casi lo mismo que un proyecto de inversión pública. Es un desaliento absoluto a la inversión privada.
-En la delegación de facultades le pidieron al Congreso de la República modificar el D.Leg. 1280. El Legislativo les dio vía libre para ello, ¿cómo va su diseño?
Sí o sí debemos cerrarlo antes de fin de año porque ese mes vence la delegación. Estamos trabajando el reglamento a la par para que esté listo casi al mismo tiempo y no hayan desfases. Faltan ajustes.
Lo mismo ocurre con (el proyecto de) ley de acceso universal al agua. Eso sí está en manos del Congreso. Ya tiene un predictamen de la Comisión de Descentralización y está en debate en Presupuesto. Desde el sector también pedimos que se impulse la propuesta de nueva Ley de Contrataciones del Estado que propuso el Ejecutivo. Es medular para reactivar la economía y está un poco dormido en el Congreso.
-¿Qué puntos clave tendrá la nueva versión del D.Leg. 1280?
Estamos proponiendo modificaciones para las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). Hay que replantear su modelo tarifario. Se necesita un subsidio cruzado: que los que más consumen paguen más y que ese dinero extra vaya al Fondo de Inversión en Agua Segura (FIAS), que ya existe, pero no se usó. Lo mismo pasó con la integración de EPS. En la reforma del D.Leg. proponemos que sea mandatoria la integración con incentivos y penalidades.
-La EPS Grau pasó temporalmente a manos del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass). ¿También se fortalecerá a esta entidad en el D.Leg.?
Sí. Modificaremos el régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Hoy, prácticamente por cualquier tema menudo cualquier EPS entra al RAT. Tienen que entrar las que realmente lo necesitan. Aquellas que están en una situación límite, estamos pensando en otros mecanismos. Ayudará al cierre de la brecha. Es intolerable que haya casi 25% de peruanos sin agua y saneamiento.
-¿La EPS Grau hasta cuándo estará a cargo de Otass?
La idea es que la siga controlando todo el 2024. La nueva gerencia tiene dos objetivos: realizar un diagnóstico honesto y entregar propuestas para reestructurarla. En diciembre deberían presentar un informe y el próximo año empezar a implementar las propuestas. La EPS Grau está bajo sistema concursal hace 23 años. Eso significa que nadie buscó sacar adelante la empresa.
-¿Qué otras novedades traerá el cambio del D.Leg. 1280?
Otra estrategia del sector saneamiento, pero que impacta en vivienda son las subastas de agua, también llamadas “agua en bloque”. El D.Leg. dice que las inversiones de este tipo pueden ser en algunos casos de 6 años y en otros 20. Proponemos que para todo lo que es agua potable y saneamiento se dé un horizonte de 25 años. Las empresas no invertirán si les das poco tiempo. Asumir ese riesgo es desalentador. Con mayor espacio, esperamos que esos terrenos puedan ser habilitados más rápido.
Plan Unidos fomentará desarrollo urbano
Pérez de Cuellar también destacó que el Plan Unidos, estrategia del Gobierno para reactivar la economía con 25 medidas, incluye el desarrollo de un fondo para desarrollar Planes de Desarrollo Urbano (PDU).
Con ello, la ministra indicó que están enfocándose en la zona aledaña al Puerto de Chancay. “Le llamamos “Chancón”, porque va desde Chancay hasta Ancón. Estamos trabajando en ese corredor derivado del hub portuario. Permitirá un crecimiento ordenado de toda la zona”, señaló.
Pérez de Cuellar agregó también que están coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para lograr ese objetivo. “Debe ser planificado. Esperamos que en un año tener los PDU aprobados y así los agentes económicos puedan proyectar mejor su inversión”, comentó.
