Humberto Martínez – Expresidente del consejo directivo de Capeco

El domingo 20 de junio, la Municipalidad de Lima, publicó la que tal vez sea la norma de contenido más controversial de los últimos tiempos: la Ordenanza 2361, que regula el desarrollo y construcción de vivienda de interés social en la provincia de Lima.

Para entrar en el detalle es necesario entender que previamente, en los años 2018 y 2019, el Ministerio de Vivienda emitió dos decretos supremos flexibilizando la regulación urbanística para la construcción de vivienda social en todo el país.

El ministerio tiene el rol rector sobre las políticas de vivienda y sus decretos supremos, aunque fueron criticados por supuestamente invadir las competencias en la planificación de las ciudades por parte de las municipalidades provinciales, y sirvieron mucho para reactivar la oferta de vivienda social en todo el país que venía disminuyendo.

A inicios del año 2020, tras el reclamo de algunas municipalidades distritales de Lima, la regulación fue ajustada y se limitaron los parámetros de altura y densidad.

La planificación urbana es uno de los instrumentos políticos más importantes y que afecta de distintas maneras a quienes vivimos en ciudades como Lima, por ejemplo. Al momento de planificar o regular, las autoridades dicen claramente cómo esperan que las personas y las familias interactúen entre sí, dónde y cómo van a vivir, dónde van a trabajar, cómo se van a desplazar, dónde van a recibir los servicios públicos, etc.

Los decretos supremos emitidos por el Ministerio de Vivienda buscaron activar la construcción de vivienda social en todas las ciudades del Perú, en todos sus distritos sin distinciones, generando mayores densidades en grandes avenidas y frente a parques; luego, la mano invisible del mercado haría que las viviendas más pequeñas se ubicaran en los lugares más demandados, más cerca a los centros financieros, por ejemplo, como sucede en todas las grandes ciudades del mundo.

Sin embargo, la Municipalidad de Lima ha decidido prácticamente restringir la vivienda social en los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja y La Molina, desconociendo la forma en la que hoy se hacen ciudades, más inclusivas, diversas y mixtas, buscando con ello sociedades menos polarizadas. Y sin tapujos, el alcalde Muñoz ha defendido su ordenanza diciendo que ha “sincerado las cosas”.

En lugar de plantear una mejor regulación que permita que familias de distintas clases sociales vivan cerca unas de otras, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha legalizado una idea abiertamente discriminadora: no más pobres en un distrito rico.

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