La Nueva Carretera Central, considerada uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del país y que tiene previsto unir Lima – La Oroya (Junín) en tres horas, terminó fuera del crédito suplementario aprobado la noche de ayer 14 de julio por la Comisión Permanente del Congreso. Aunque el Gobierno la había incorporado en el proyecto de ley con una asignación de S/200 millones, el texto finalmente aprobado eliminó por completo esos recursos.

Se trata de un nuevo revés para una obra que, durante los últimos siete meses, ha atravesado déficits presupuestales (hasta hoy solo tiene recursos por S/190 millones), una controversia contractual y cuestionamientos sobre el respaldo político que recibe, pese a ser presentada como estratégica para conectar la capital con la sierra central.

De S/400 millones solicitados a cero soles aprobados

El 27 de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una transferencia cercana a S/400 millones para financiar el inicio de las primeras intervenciones del proyecto. 

Los recursos estaban destinados principalmente al Tramo I, que comprende el túnel de San Juan de Pariachi, considerado la puerta de ingreso de la futura carretera, además de la supervisión de obras y la liberación de terrenos. Actualmente este tramo está en etapa de licitación pública internacional. 

Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del crédito suplementario, la asignación ya había sido reducida a S/200 millones.

En la exposición de motivos se señalaba que ese monto permitiría financiar la construcción del túnel Pariachi, la supervisión de la obra y continuar con la adquisición y liberación de predios necesarios para el proyecto. Sin embargo, ahora todo vuelve a foja cero. 

Los tropiezos de la Nueva Carretera Central

Este capítulo de reducción de presupuesto es solo es el eslabón de una serie de dificultades que ha enfrentado el proyecto durante este año.

En febrero, Provías Nacional resolvió de manera unilateral el contrato de asistencia técnica con PMO Vías —consorcio integrado por las empresas francesas Egis y Setec— tras aplicar la cláusula anticorrupción debido a una sanción impuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contra Egis por hechos ocurridos en Panamá en 2019.

Fue un proceso de controversia entre ambas partes. Sin embargo, semanas después el Gobierno dio marcha atrás y alcanzó un acuerdo con PMO Vías para mantener la asistencia técnica bajo nuevas condiciones de integridad, supervisión y control, con el objetivo de evitar mayores retrasos en el desarrollo del proyecto.

En ese momento, el Ministerio de Transportes sostenía que mantenía como meta iniciar las primeras obras antes del 28 de julio de 2026.

El recorte que desató protestas

Los problemas presupuestales tampoco son nuevos. Para el Presupuesto Público 2026, el gobernador regional de Junín, Zózimo Cárdenas, advirtió que el proyecto requería por lo menos alrededor de S/1.200 millones para avanzar con el cronograma previsto.

Sin embargo, el presupuesto aprobado inicialmente fue de apenas S/190 millones, decisión que provocó protestas y un paro regional de 48 horas en Junín durante febrero.

El gobernador cuestionó entonces el nivel de financiamiento asignado. «Con menos de S/200 millones destinados a una obra valorizada en más de S/24.000 millones, el Ejecutivo muestra desinterés político y una desconexión con la realidad», sostuvo.

A estos problemas se suman las observaciones previas de la Contraloría. En informes de control, el organismo advirtió inconsistencias entre las fechas de culminación previstas en los documentos técnicos del proyecto, lo que podría retrasar la conclusión de la Nueva Carretera Central hasta 2035, cuatro años después del plazo inicialmente proyectado (2031).