Después de más de dos décadas de espera, está previsto que hacia fines de 2025 se otorgue la adjudicación de la primera fase del megaproyecto Obras de Cabecera y Conducción, con una inversión aproximada de 476 millones de dólares, informó ProInversión. El proceso de licitación comienza este mes y se espera que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se concrete la adjudicación.

Si se cumplen esos plazos, el contrato se firmará a mediados del próximo año y la obra podría iniciarse en el segundo trimestre de 2028, según detalló Jorge Sulem Chu Jon, director de proyectos de ProInversión. La construcción tomaría alrededor de tres años, es decir, se proyecta su terminación para mediados de 2031.

La primera fase incluye el diseño, construcción, operación y mantenimiento de nuevas instalaciones capaces de tratar, conducir y entregar hasta 5 metros cúbicos por segundo de agua potable a Sedapal. El agua provendrá del Ramal Sur y será distribuida hacia zonas del sur de Lima como Ate, Santa Anita, La Molina, Cieneguilla y Pachacámac.

El objetivo de este proyecto es proveer agua potable a más de un millón de personas que actualmente carecen del servicio o sólo lo reciben por horas. Además, contribuirá a reducir la brecha nacional de acceso a agua y saneamiento, que afecta a unos 3.15 millones de peruanos.

Christian Barrantes, viceministro de Construcción y Saneamiento, señaló que en Lima Urbana aún entre un 5 % y 6 % de la población no cuenta con servicio permanente. Esto se debe al crecimiento urbano desordenado, lo que dificulta la ejecución de obras de agua y saneamiento.

La larga paralización del proyecto se explica en parte por una indefinición institucional durante 23 años y decisiones discontinuas en el sector. Aunque se lanzó una convocatoria en febrero de 2024, recién en los últimos dos años el gobierno decidió reestructurar el proyecto en dos fases, explicaron especialistas.

Sulem Chu Jon precisó que los retrasos se debieron a falta de coordinación entre Sedapal y el Ministerio de Vivienda. Actualmente ambos organismos han alineado su planificación y prevén trabajar en paralelo aspectos como la adquisición de terrenos.

Un cambio clave fue adoptar un modelo de pago por disponibilidad, donde el inversionista privado asume el riesgo de construcción y financiamiento y recibe pagos una vez que la infraestructura está operativa. Este mecanismo reduce el riesgo fiscal y resulta atractivo para los inversores institucionales.

Sobre el impacto en las tarifas, Barrantes aseguró que la estructura tarifaria vigente, establecida por Sunass cada cuatro o cinco años, no debería alterarse de manera significativa. Más bien, el incremento de usuarios podría diluir el costo adicional por habitante.

Finalmente, la Fase 2 aún no tiene cronograma definido. Incluye obras en las represas Pomacocha y Huallacocha Bajo y un túnel trasandino en Junín para reforzar fuentes de abastecimiento. Se estima que esta segunda etapa podría activarse cinco a seis años después del inicio de la primera, según la planificación del MVCS y Sedapal.