La Contraloría de la República publicó este mes el reporte de obras paralizadas al cierre del primer trimestre del 2024. El informe revela que la parálisis de la inversión pública en el territorio nacional no deja de crecer, tanto en número de obras, como en costos al Estado. En este panorama, la nueva Ley de Contrataciones Públicas, aprobada ya por el Congreso, espera su promulgación. ¿Podrá resolver este problema?

A marzo del 2024, existen en Perú un total de 2,324 obras paralizadas en el Perú, con una inversión conjunta que asciende a S/ 33,167 millones. Respecto a diciembre, cuando se publicó el último reporte de Contraloría, hay S/ 6,175 millones de diferencia. En ese entonces las obras paralizadas en todo el territorio nacional eran 2,298 y su valor alcanzaba los S/ 26,992 millones.

La Contraloría ya advertía al cierre del 2023 que las obras paralizadas venían al alza en el país. A consideración de analistas, si bien la nueva Ley de Contrataciones Públicas tiene uno que otro mecanismo que puede evitar que la parálisis se profundice, el reto es reactivar las ya existentes.

Parálisis a detalle

La Contraloría revela también que, entre diciembre y marzo, 439 obras reactivaron su ejecución, las cuales involucran un monto de S/ 3,321 millones. Sin embargo, de lejos son muchas más las que continúan paralizadas desde el cierre del 2023 y las que se sumaron a este grupo también (ver tabla).

Son 1,859 las obras que permanecen paralizadas desde diciembre del 2023. Las inversiones vinculadas a estas obras representan S/ 24,301 millones. Vale recordar que la Contraloría identifica una obra como paralizada como aquella que no se ha concluido, ni reporta avances de ejecución física por seis meses a más.

La entidad de control también precisa que son 465 las obras paralizadas “nuevas”, es decir, que dejaron de ejecutarse durante el primer trimestre del 2024. Juntas, significan S/ 8,865 millones dejados de invertir para el Estado. Gran parte de las obras paralizadas que se sumaron entre enero y marzo están en manos de las municipalidades (305).

La región con más parálisis es Cusco con 302 obras en este estado, cuyo monto de inversión es de S/ 1,547 millones. Le sigue Puno con 288 obras paralizadas que representan S/ 1,554 millones. El tercer puesto es para Lima con 180 proyectos sin ejecutaron por S/ 3,164 millones.

Juan Carlos Morón, socio del Estudio Echocopar, explica que en el caso de departamentos en la sierra, el riesgo de parálisis es mayor, ya que incluso si sus expedientes técnicos (ET) no son deficientes, factores climáticos como lluvias o la alta probabilidad de cruzarse con restos arqueológicos, complican su conclusión.

“Si uno mira las causas de la paralización, la gran mayoría son plenamente atribuibles al Estado. La falta de recursos financieros sigue siendo lo principal. También están el mal planeamiento de obras. Reactivar obras sale más caro que culminarlas”, agrega.

A nivel de obras, las 10 obras más costosas acumulan S/ 2,968 millones en inversión paralizada. La más cara de todas es el “Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua – Arequipa”, a cargo de Provías Nacional, con un valor de S/ 817 millones (ver tabla).

Para Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, es alarmante que las obras paralizadas más costosas están bastante diversificadas a nivel sectorial, territorial y nivel de gobierno a cargo, lo que habla de la gravedad del problema.

“Refleja fuertes falencias en el sistema de inversión pública y la gestión del Estado. No hay planeamiento estratégico en las instituciones y tampoco está bien articulado el presupuesto público para obras”, apunta.

¿Salidas?

Como dijo Morón, la principal causa que aluden las entidades a Contraloría para paralizar obras es la falta de dinero. Al respecto, la nueva Ley de Contrataciones, tal como contó Gestión, introduce modificaciones a los porcentajes que las instituciones públicas disponen para aprobar adicionales de obra.

En resumen, ahora las entidades podrán aprobar directamente más recursos para una obra de hasta 30% del costo original fijado en el contrato. Aparte, solo si Contraloría lo aprueba, el porcentaje podría llegar a 50%. Con la ley vigente, la regla era que, adicionales de entre 15% a 50% del costo original, debían ser autorizados por la entidad de control.

“Respecto a las obras ya paralizadas, no tendrá efecto. Si vemos a futuro, con este rango ampliado, podrían haber mejoras”, considera Morón. Pero el abogado recuerda, sobre la parálisis actual, que existe la Ley 31589, que literalmente dice estar concebida para garantizar la reactivación de obras paralizadas. No habría tenido efecto.

“Propone hacer un inventario de proyectos priorizados, eso es bueno, pero solo propone una salida: que el Estado invalide la obra y vuelva a sacar un concurso. Lo correcto sería tener una solución por cada causal de paralización”, indica.

Para Gaviño los cambios introducidos a las prestaciones adicionales son positivos, pero resuelven una parte del problema. No ataca la mala formulación ni costeo de ET.

“La falta de prevención podría seguir. No estás dotándoles de mayor capacidad para administrar recursos, simplemente tendrán menos ojos vigilantes si es que no llegan a pedir adicionales entre 30% a 50% del costo original”, advierte.

Lo que sí rescata la profesora de la UP de la nueva ley es que refuerza el rol que tendrá la Junta de Resolución de Disputas, a la que ahora se le agregará en su nombre la palabra “Prevención”. Esta instancia es clave para evitar que rencillas entre contratistas y el Estado se conviertan en arbitrajes.

“Es importante que ahora también tenga un rol preventivo, es decir, que acompañe todo el ciclo de inversión y pueda absolver dudas mientras se ejecuta la obra”, recalca.

Días después que el Congreso aprobara la nueva normativa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también destacó el nuevo rol de la junta. Además de esa característica, la cartera aseguró que se evitarán más obras paralizadas porque ahora se podrán usar “contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional”.

Pero Morón insiste que no resolverá las cosas para las ya paralizadas. “Los contratos peruanos, hay que admitirlo, tienden al conflicto y las penalidades. Las metodologías internacionales ayudarán a que no hayan más (obras paralizadas), pero el problema son las actuales, que son mal gestionadas”, refiere.