El lunes 11 de enero de 2021, el diario Gestión compartió la última encuesta elaborada por Ipsos Perú que refleja, en medio de la crisis de pandemia, las prioridades ciudadanas entorno a infraestructura e inversión productiva. Dicha encuesta arrojó que el 71% de peruanos requiere inversión en infraestructura vial, seguido de un 23% en construcción y ampliación de aeropuertos. Mientras que, para proyectos de infraestructura social, el 52% indicó la necesidad de priorizar la construcción de hospitales, a diferencia del 35% que demanda inversión en proyectos de agua y alcantarillado o el 31% en proyectos de infraestructura educativa.
Ante este contexto, se debe tener presente que el Poder Ejecutivo elaboró el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) con el objeto de trazar una hoja de ruta de inversiones, bajo una lógica sectorial y territorial, que permita reducir el cierre de brechas de infraestructura. El PNIC determinó que la brecha de infraestructura de acceso básica en el corto plazo asciende a S/ 117,183 millones, en tanto que para el largo plazo representa S/ 363,452 millones.
Teniendo en cuenta la demanda ciudadana, las cifras del PNIC y las consecuencias del brote del virus SARS-CoV-2, ha quedado evidenciado, la precariedad del Estado en: (i) dar respuestas rápidas y eficientes para cubrir las necesidades básicas de la población y (ii) adoptar decisiones que prioricen la ejecución de proyectos de inversión que permitan la mejora de la calidad de vida de los peruanos.
Siendo ello así, resulta necesario que el Estado enfatice la ejecución de proyectos de inversión a través de alternativas de colaboración público-privada, tal como es el mecanismo de Obras por Impuestos, sobre la contratación pública tradicional. Dicho mecanismo, prioriza: la colaboración público-privado, la confianza legítima y el enfoque de gestión por resultados en la toma de decisiones, sustentada en cumplir con la finalidad pública de los proyectos.
Si bien Obras por Impuestos es una herramienta de utilidad tanto para la entidad pública, empresa privada y la sociedad, existen aspectos de mejora que el Estado debe implementar y promover en el más corto plazo para atraer aún más la cooperación público-privada. A modo de ejemplo:
1. Voluntad institucional: las decisiones deben trascender a cualquier funcionario público, respetando la política institucional para el desarrollo del mecanismo.
2. Adecuada priorización: saber seleccionar proyectos necesarios y relevantes que tengan un benecio directo en la ciudadanía y reduzcan el cierre de brechas.
3. Capacitación permanente de los funcionarios: el inicio y n del proyecto debe estar acompañado de un equipo especializado que no confunda este mecanismo con las disposiciones de contratación pública.
4. Junta de Resolución de Disputas: incluirlo en las normas de obras por impuestos, ya que permitiría tener un panel de expertos técnico que puedan prever y resolver conictos en la obra sin paralizaciones.
Creemos que, estas medidas coadyuvarían a que el mecanismo sea más atractivo permitiendo (i) una rápida, eficiente y prioritaria ejecución de proyectos de inversión pública, (ii) reducir el cierre de brechas y (iii) mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Karen Ángeles – Gestión