En el 2022, el presupuesto de inversión pública de los tres niveles de gobierno ascendió a S/ 65,000 millones, monto récord en comparación con años anteriores. Estos recursos se encuentran en su mayoría a cargo de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales.

Sin embargo, para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), en el marco del proceso de descentralización, “se han venido asignando recursos sin la correspondiente acreditación de las capacidades necesarias para su ejecución de manera eficiente”.

En 2022, el nivel de ejecución —devengado sobre presupuesto— ascendió a 63% en los gobiernos locales y al 67% en los regionales. Con ello, los gobiernos subnacionales dejaron de ejecutar recursos por alrededor de S/17,000 millones, “lo que tiene un alto costo de oportunidad en términos de los servicios públicos”.

La brecha existente entre el presupuesto disponible y su ejecución es el resultado de múltiples problemas alrededor del ciclo de inversión de un proyecto y “todo ello se traduce en mayores costos y plazos de los proyectos respecto a lo planificado”.

En esa línea, en el reciente Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) trimestral al cuarto trimestre 2022, elaborado por el CPC, se analizaron 1,459 proyectos de un total de 1,498 proyectos convocados por una muestra de unidades ejecutoras de los gobiernos subnacionales hasta el cuatro trimestre del 2022. Los resultados muestran que los retrasos en los proyectos ascendieron al doble de lo programado en el caso de los gobiernos regionales y locales.

Regiones y municipios

En los gobiernos regionales, los proyectos tardaron en promedio el doble en otorgar la buena pro en relación con lo programado. Por regiones, Huánuco presentó el mayor retraso promedio, tardando casi cinco veces el plazo planificado. Es decir, si inicialmente se previeron 21 días, al final les tomó 100 días en total. A este le siguen Huancavelica, que tardó cuatro veces y Madre de Dios, con demoras de más de dos veces el plazo programado.

Con respecto a los gobiernos locales, los proyectos registraron un retraso promedio de cerca del doble del plazo programado en otorgar la buena pro en relación a lo programado. Por municipalidades, aquellas que registraron los mayores retrasos al cuatro trimestre del 2022 fueron las de Apurímac, que tardó el triple de lo programado, y Moquegua y Arequipa, con más del doble de lo programado.

“En conjunto, los retrasos en la ejecución de las inversiones postergan la provisión de los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de conflictos sociales y acciones de protesta”, refiere el CPC.

Las demoras registradas en el 2022 podrían empeorar, pues 2023 es el primer año de las nuevas autoridades subnacionales, lo que suele impactar negativamente en los resultados. Solo basta ver que en enero último, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión pública en conjunto de los gobiernos regionales y municipios sumó S/ 186.2 millones, monto que representa una caída de 48% respecto a similar mes del año pasado.

“En una época normal, en el primer año de las autoridades regionales y municipales siempre se da una ejecución más lenta que los años anteriores o siguientes porque hay un periodo de aprendizaje que es recurrente. Se demoran más en gastar, ergo, en adjudicar obras. Entonces, es de esperarse que el indicador (de demoras del CPC) se agrave más este año a nivel de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, ahora estamos en medio de una convulsión, entonces esto se va a agravar aún más”, comentó Camilo Carrillo, líder de infraestructura de EY Perú.

Propuestas

Los resultados muestran que, en promedio, los gobiernos regionales y locales tardan casi el doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto. En ciertos casos, las demoras son de hasta cinco veces en algunos gobiernos regionales y tres veces en algunos locales.

Así, el CPC propone, por ejemplo, permitir el uso del procedimiento especial de contratación (PEC) de la Reconstrucción Con Cambios (RCC) para todas las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) de los gobiernos subnacionales.

Agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales. “La creación de estas unidades especializadas se gatillará en caso de que los gobiernos locales no ejecuten sus recursos de manera eficiente. Finalmente, se plantea que la infraestructura generada a partir de la implementación de esta medida pase a ser adjudicada para su operación y mantenimiento por parte de Proinversión vía Obras por Impuesto (OxI) o APP”, refiere.

Whitney Miñán – Gestión