En medio de las denuncias por supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra vial en Boca del Río (Tacna) a la empresa China Gezhouba Group, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) defendió la legalidad del proceso. La entidad aseguró que la licitación se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Pese a que la empresa adjudicada ha sido cuestionada previamente por presuntos fraudes y abandono de obras, José Palomino, director ejecutivo encargado de Provías Nacional, afirmó que no existía causal alguna para anular el proceso. Señaló que las denuncias ciudadanas o antecedentes negativos no son impedimento legal para contratar con el Estado, a menos que exista una sanción formal emitida por el Tribunal de Contrataciones del OSCE.

Palomino explicó que, ante las alertas recibidas en junio tras la presentación de ofertas, Provías envió la información a la Contraloría, la Fiscalía, el Congreso y el OSCE el pasado 11 de julio. Además, la Oficina de Integridad Institucional recomendó reconformar el comité de selección antes de otorgar la buena pro, lo que se hizo previo al otorgamiento formal del contrato el 31 de julio.

Sobre las sospechas de favorecimiento, Palomino detalló que la oficina jurídica de Provías fue consultada en tres ocasiones sobre el proceso, concluyendo que no había fundamentos legales para anular la licitación. Asimismo, aclaró que si bien las denuncias alertaban de presuntos indicios de irregularidad en el comité de selección, no presentaban pruebas contundentes.

Respecto a las críticas por la coincidencia en las ofertas económicas presentadas por las tres finalistas, Palomino sostuvo que no hay ilegalidad en que los postores presenten propuestas iguales al 90% del valor referencial, incluso con montos idénticos hasta en los céntimos. Agregó que este tipo de coincidencias está previsto en la normativa vigente y es común en procesos similares.

Finalmente, precisó que de las tres empresas finalistas, dos fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos de experiencia técnica exigidos, quedando como única opción válida la empresa China Gezhouba Group. Palomino recordó que aún no se firma el contrato y que existe un plazo de ocho días hábiles para que cualquiera de las otras empresas participantes pueda presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones, quien será el encargado de determinar el futuro de la adjudicación.