La reciente autorización para que vehículos de carga de hasta 101 toneladas circulen por la Carretera Central ha encendido las alertas sobre el estado de sus puentes. Evaluaciones técnicas advierten que varias de estas estructuras operarían al límite de su capacidad, en un corredor estratégico por el que transitan a diario alrededor de 8 mil vehículos, entre transporte público, privado y de carga.

De acuerdo con información técnica, un total de 21 puentes ubicados a lo largo de esta vía requieren intervenciones estructurales, de los cuales siete se encuentran en una situación crítica. Se trata de los puentes Huaycoloro, Los Ángeles, Pomaticlo, Ricardo Palma, Habich, Tamboraque y Surco.

La preocupación se da luego de que Provías Nacional emitiera una autorización excepcional que permite el tránsito de camiones con un peso bruto muy por encima del límite general de 60 toneladas establecido para la Red Vial Nacional. Especialistas advierten que estas estructuras fueron diseñadas bajo parámetros distintos a las cargas actualmente autorizadas, lo que incrementa el riesgo de daños severos o fallas.

Además, se ha señalado que esta medida se habría adoptado sin una coordinación previa con el concesionario responsable de la operación y mantenimiento de la vía, pese a que este había informado reiteradamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a Ositrán sobre la vulnerabilidad de varios puentes y la necesidad de una intervención urgente.

Si bien la resolución contempla medidas de mitigación —como controles técnicos, monitoreo de deflexión y cartas de responsabilidad—, estas no eliminan el riesgo inherente de someter a la infraestructura a esfuerzos superiores a los considerados en su diseño original.

En un corredor clave para la conexión entre Lima y el centro del país, especialistas subrayan que cualquier decisión vinculada al tránsito de carga pesada debe basarse en criterios técnicos rigurosos, evaluaciones integrales de riesgo y una coordinación efectiva entre las entidades del Estado y los operadores de la infraestructura, priorizando la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de los activos públicos.