Operativos de ICE en sitios de construcción están generando efectos colaterales en la industria estadounidense, desde la escasez de mano de obra hasta el alza en los costos de proyectos. En las últimas semanas, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado redadas en obras ubicadas en estados como Florida, Texas, Nueva York y California, deteniendo a más de 100 trabajadores. Esto ha despertado preocupación en un sector que depende en gran medida de la fuerza laboral inmigrante, especialmente de origen latino.

Florida ha sido uno de los epicentros más notorios. En Tallahassee, una redada durante la construcción de un complejo de viviendas estudiantiles dejó a decenas de trabajadores arrestados. Hechos similares se reportaron en Queens (Nueva York), Brownsville (Texas) y Nueva Orleans. En algunos casos, como en una obra cercana a la Universidad Estatal de Florida, casi la mitad de los 200 obreros no regresaron a sus hogares tras la intervención de ICE.

Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), cerca del 25 % de los trabajadores del sector residencial son inmigrantes, y más del 30 % son de origen latino. La ausencia repentina de esta fuerza laboral ha llevado a la paralización de obras, el retraso en los plazos de entrega y un aumento en los costos de ejecución, lo que afecta directamente al mercado inmobiliario y a los contratistas.

La tensión también ha alcanzado a trabajadores con estatus migratorio legal o temporal. Organizaciones comunitarias han reportado un descenso marcado en la asistencia a los lugares de trabajo y un incremento en la búsqueda de ocupaciones informales, como ocurre en estacionamientos de tiendas como Home Depot, donde tradicionalmente se contrataban jornaleros. El miedo a ser detenido ha cambiado los hábitos laborales incluso de quienes tienen documentos válidos.

Un análisis del Los Angeles Times señala que entre el 40 % y 60 % de la fuerza laboral en sectores clave como construcción, hostelería, agricultura y salud está compuesta por personas nacidas fuera de EE.UU. En este contexto, cada redada no solo genera desempleo inmediato, sino que también impacta en la oferta de vivienda, en la economía local y en la disponibilidad de servicios esenciales.

Expertos como Betsey Stevenson, economista de la Universidad de Michigan, advierten que reducir la fuerza laboral inmigrante encarece la construcción y agrava la crisis de vivienda. Firmas como Fitch alertan que, sin una solución estructural como la ampliación de programas de visas laborales (H-2B, EB-3), la escasez de mano de obra podría persistir, con efectos negativos en el crecimiento económico y en la provisión de servicios públicos como la educación.