Aunque la inversión pública en Perú mostró crecimiento durante el primer trimestre de 2025, mantener este ritmo requiere reducir los problemas que afectan el ciclo de inversión, especialmente en la etapa de adjudicación de proyectos. Uno de los indicadores que mide estos retrasos es el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP), elaborado trimestralmente por el Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Este índice cuantifica el retraso en el tiempo que transcurre desde la convocatoria hasta la adjudicación de proyectos, comparándolo con los plazos normativos fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 21 días para Adjudicación Simplificada (AS) y 49 días para Licitación Pública (LP). El cálculo del IRGP solo considera los procesos que superan estos plazos de referencia, es decir, que presentan demoras.
Durante el primer trimestre de 2025, se registraron 1,189 convocatorias de gobiernos regionales y locales, de las cuales el 98.7% correspondió a AS y LP. De los 433 procesos adjudicados, el 66% se realizaron dentro del plazo normativo. Sin embargo, existen diferencias departamentales: Ayacucho y Loreto tienen los mejores niveles de cumplimiento, mientras que Lambayeque y Tumbes muestran los mayores retrasos.
Analizando por tipo de proceso, el 34% de las adjudicaciones excedió los plazos establecidos. En Adjudicación Simplificada, 143 procesos retrasados pertenecen a 22 regiones, con un promedio de demora de 9 días (42% más del plazo). En Licitación Pública, 5 procesos retrasados de 4 regiones demoraron en promedio 14 días (28% más).
Los retrasos también varían según el nivel de gobierno. En gobiernos regionales, la demora promedio fue del 61% en AS y 9% en LP. En gobiernos locales, los retrasos alcanzaron 41% en AS y 40% en LP. En detalle, siete procesos regionales de AS y dos de LP superaron el plazo normativo; en gobiernos locales, 136 procesos de AS y 3 de LP presentaron demoras.
Finalmente, el Consejo Privado de Competitividad recomienda implementar medidas para eliminar estos cuellos de botella, con especial atención a la etapa de adjudicación. Entre las propuestas destacan diseñar una metodología para habilitar recursos durante el año fiscal y priorizar proyectos de alto impacto mediante mejores prácticas internacionales y mecanismos de escalamiento.
