El sector infraestructura enfrenta paralización de obras públicas para el desarrollo del país; desde contratos de asociación público y privada, hasta obras por impuestos. Tras ello, el panorama presenta oportunidades y desafíos que requieren atención urgente.

Según la Contraloría de la República, el 18% de las obras se encuentran paralizadas por la falta de recursos financieros, mientras que el 12.3% presenta incumplimientos contractuales y un 3.9%, discrepancias y arbitrajes. Esta situación implica la paralización de más de 2,000 obras a nivel nacional que tienen una inversión que asciende los S/ 26,984 millones.

El reto del Estado en el sector infraestructura

En este contexto, el Estado debe garantizar la continuidad y finalización de las obras, priorizando la colaboración recíproca entre las partes suscriptoras de los contratos. Además, la intervención de la Contraloría a través de control concurrente es fundamental para monitorear la ejecución de los contratos y prevenir controversias.

“A pesar de los desafíos, el año 2024 ofrece proyectos atractivos que pueden impulsar el desarrollo del país. Entre ellos destacan la gestión, mantenimiento y mejoramiento de carreteras en el centro y sur del país, así como el proyecto del “Anillo Vial Periférico” y el “Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona”. La inauguración del Megapuerto de Chancay, programada para noviembre de 2024, promete ser un hito en la infraestructura nacional”, señala Ernesto La Puente, abogado especialista en contrataciones con el Estado, socio fundador del Estudio CPI Legal.

La continuidad de proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima y la Nueva Carretera Central, son elementos clave para el desarrollo sostenible del país. Las mega obras representan una inversión a largo plazo, pero también conectas sectores económicos y geográficos, modernizan actividades y promueven el crecimiento económico a nivel nacional.

“Los retos para este 2024 incluyen la superación de la brecha de infraestructura y el enfrentamiento de controversias que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Por otro lado, la implementación de Juntas de Resolución de Disputas y paneles técnicos es crucial para prevenir paralizaciones y retrasos que afectan el desarrollo del país”, agrega Ernesto La Puente.

Finalmente, es importante mencionar que el Estado continúa enfrentando el desafío de garantizar la ejecución exitosa de proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo económico y social del país, mediante una gestión eficiente y colaborativa entre los sectores público y privado.