Han pasado 21 años desde que comenzó la explotación del yacimiento de gas natural de Camisea, ubicado en Cusco, y su transporte a través de ductos hacia Lima, Callao e Ica. Sin embargo, la masificación del consumo de este gas a nivel nacional sigue siendo limitada, principalmente por la insuficiente infraestructura para su transporte a otras regiones del país a precios competitivos.

Mientras que otros países de la región han avanzado significativamente en la extensión de sus redes de gasoductos —como Brasil con 9,608 km, Bolivia con 4,167 km, Colombia con 7,460 km y Argentina con 16,000 km—, Perú solo cuenta con 925 kilómetros, correspondientes al gasoducto de Camisea, lo que limita el acceso al combustible en gran parte del territorio.

Cabe recordar que el proyecto del Gasoducto Sur Andino quedó paralizado en 2017, tras el escándalo que involucró a Odebrecht, la empresa encargada de su construcción. Desde entonces, los gobiernos han anunciado la reactivación del proyecto SIT Gas para llevar gas a la sierra sur, pero aún no se han registrado avances significativos.

En el norte y sur del país, el gas de Camisea se distribuye mediante camiones cisterna, un método costoso que hace que este combustible pierda competitividad frente a otros en comparación con Lima, donde la distribución por ductos es más eficiente y económica.

Durante el CADE Ejecutivos 2024, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) presentó un proyecto para construir un nuevo gasoducto de 923 kilómetros por la costa sur, con una inversión privada cercana a los US$ 2,000 millones. Este plan busca extender su concesión actual, que vence en 2033, por diez años más hasta 2043.

El proyecto TGP Extensión Sur contempla transportar gas desde Humay, en Pisco (Ica), hasta el nodo energético del sur, que incluye plantas térmicas en Ilo (Moquegua), Mollendo (Arequipa) y la ciudad de Arequipa. Actualmente, se encuentra en evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Enrique Martínez, gerente senior de Nuevos Negocios de TGP, explicó en la XIV Conferencia Gas Natural Perú 2025 que, aunque la construcción de este ducto costero es menos compleja que la del gasoducto de Camisea por la geografía más favorable, presenta desafíos relacionados con aspectos sociales, ambientales y normativos.

Martínez también señaló que la normativa vigente no está adaptada para proyectos de esta magnitud y renovaciones de concesiones, lo que hace necesario modificar las reglas para garantizar el reconocimiento de la inversión de US$ 2,000 millones que se planea realizar.

Otro problema importante es la falta de demanda local para el gas natural, lo que obliga al productor Pluspetrol a reinyectar cerca de 350 millones de pies cúbicos diarios de gas a los yacimientos de Camisea para evitar su liberación al ambiente. Esta práctica genera pérdidas diarias estimadas en US$ 1 millón, monto que podría traducirse en ingresos para el país.

El exviceministro de Energía Arturo Vásquez añadió que el gas reinyectado representa alrededor del 20% de la producción diaria y que para atender la demanda futura será vital contar con nueva infraestructura de transporte. Además, resaltó que el Lote 58 de CNPC, con reservas certificadas, podría entrar en producción a fines de 2026, aumentando la oferta nacional.

Finalmente, el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, formuló observaciones a la propuesta de TGP, advirtiendo que la ejecución del ducto costero podría extenderse hasta el 2032, lo que consideró excesivo. También señaló que, si se limita la obra a Marcona (Ica) por problemas sociales, el proyecto perdería sentido, dado que la empresa Contugas ya opera un ducto de menor diámetro entre Pisco y Marcona. El Ministerio de Energía y Minas no había dado respuesta sobre la evaluación del proyecto al cierre de este informe.