En el Perú, el 60 % de las edificaciones son producto de la autoconstrucción y, en Lima, 7 de cada 10 viviendas se levantan sin seguir la normativa técnica vigente. Esta situación, en un país ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico —una de las zonas sísmicas más activas del mundo—, representa un riesgo permanente para millones de personas.

Frente a este contexto, aplicar desde el inicio los estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) no solo es un deber legal, sino una responsabilidad técnica y ética. La informalidad en la construcción no solo pone en peligro vidas humanas, sino también el patrimonio de quienes habitan esas viviendas. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el 53,12 % de las casas aseguradas en el país están construidas con materiales poco resistentes como adobe o quincha. En cambio, solo el 45,12 % utilizan concreto armado, un elemento clave en la resistencia sísmica.

La relación entre calidad estructural y valor económico es evidente: las viviendas construidas con concreto armado concentran el 63,65 % del valor patrimonial asegurado. Esto revela que las construcciones más seguras no solo salvan vidas, sino que también protegen las inversiones a largo plazo.

El ingeniero Ramón Rivera, gerente de proyectos de Urban Bau, sostiene que construir bien desde los cimientos no es solo una decisión técnica, sino también una obligación social. Advierte que una estructura sismorresistente no depende únicamente del material, sino de un diseño adecuado, mano de obra calificada y cumplimiento estricto de la normativa. “El RNE —y en particular la Norma Técnica E-030— brinda lineamientos claros para construir en zonas sísmicas, desde la zonificación del riesgo hasta factores de uso y ocupación”, explica.

Rivera también destaca el impacto de la informalidad. Lima concentra el 70 % de las viviendas informales del país, una situación que se repite en menor medida en otras ciudades como Arequipa, Trujillo o Chiclayo. “El verdadero problema no es la falta de normas, sino la falta de voluntad para cumplirlas. Necesitamos compromiso del Estado y de la ciudadanía. En un país sísmico como el nuestro, no se puede seguir construyendo sin planificación”, afirma. Por ello, propone una estrategia integral que incluya incentivos para formalizar construcciones, créditos para reforzamiento estructural y campañas de concientización masiva.

Además del riesgo humano, los sismos generan un impacto económico devastador. Un estudio del Banco Mundial sobre la infraestructura educativa en el Perú estima que los 187,000 colegios del país —valuados en más de 8,400 millones de dólares— enfrentan pérdidas anuales promedio de 190 millones por riesgo sísmico. Invertir un dólar en refuerzo estructural puede ahorrar hasta cuatro dólares en daños futuros, según ese mismo análisis.

El país tiene ante sí el desafío urgente de reducir su vulnerabilidad estructural. En un territorio altamente sísmico, la ingeniería sismorresistente no debe verse como un lujo, sino como el estándar mínimo en viviendas, colegios y hospitales. “Invertir en una buena estructura es invertir en la vida. Necesitamos un cambio cultural, donde cada ciudadano entienda su rol y cada autoridad haga cumplir las normas”, concluye Rivera.