Cada año, por aproximadamente tres meses, se discute en el Congreso el presupuesto público para el siguiente periodo. Si bien el Ejecutivo —a través de su proyecto de ley— brinda una propuesta para la distribución de estos recursos, en muchos casos en el Parlamento se hacen modificaciones con la finalidad de satisfacer los pedidos de instituciones, gobiernos regionales, locales, entre otros.

Para 2026, el monto que se espera destinar para proyectos de inversión ascendería a S/48,532 millones, de los cuales S/37,293 millones, es decir, el 77%, es para la continuidad de obras. Es que las autoridades reciben los recursos para contribuir con el cierre de brechas; sin embargo, lo que al parecer no existe es una buena gestión para la ejecución.

Este diario en múltiples oportunidades ha advertido sobre el lento avance de ejecución presupuestal para inversión. Es más, datos del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizados al 19 de septiembre, revelan que ninguno de los tres niveles de gobierno ha gastado ni el 60% de los recursos para obras públicas. Incluso, el avance de los gobiernos locales es de solo 46% a poco más de tres meses para que acabe el año.

Por ese motivo, no es de sorprender que, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República, a junio de este año, se registren 2,428 proyectos públicos paralizados que suman más de S/44,200 millones.

Cusco, la región que en los últimos días ha sido noticia por los conflictos sociales en torno a Machu Picchu y el golpe que esto significa para el turismo, encabeza la lista con 320 obras paralizadas (ver cuadro), lo que significa el 13.2% del total.

Una de esas iniciativas es la de “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani – Tramo: Colpahuayco – Langui”, cuya inversión supera los S/641 millones y está a cargo del Gobierno nacional. La causa de la paralización de este proyecto, cuyos trabajos comenzaron en 2021, es el incumplimiento de contrato. Esta obra registra un avance físico de 75.76%, y la última vez que se reportó un progreso fue en 2024.

Otro proyecto que está detenido en Cusco, el “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológica ‘Anta’ – Zurite”, la Huaylla del distrito de Zurite, que está a cargo del Gobierno regional y cuyo desembolso superaría los S/25.4 millones.

La Municipalidad Provincial de La Convención en dicho departamento también tiene una obra paralizada por más de S/43.1 millones. Se trata del “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Quillabamba”.

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MALOS EXPEDIENTES

Sobre esta situación, el economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Alzamora, consideró que gran parte de estos atrasos responden a la deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos.

Además, indicó que la mayoría de los sectores donde se ubican estas obras son transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, educación, agricultura y salud.

Del mismo modo, advirtió que en el último año de gestión, las autoridades ejecutan proyectos a gran velocidad, lo que no necesariamente significa que lo hagan bien. Algunas de esas iniciativas, explicó, quedan a medias para que se encargue el siguiente alcalde o gobernador. El problema es que, con el ingreso de una nueva autoridad, se da una demora en la ejecución, lo que puede llevar a que algunas obras iniciadas hacia el final de la anterior gestión, queden en stand by.

En la misma línea, el profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, señaló que algunos gobiernos pierden el interés en proyectos que se iniciaron en periodos anteriores.

“Hay obras paralizadas porque no existe saneamiento físico-legal. Ahí vemos muchos colegios y postas que no están saneados y que igual comienzan la construcción. Todo esto es fruto de la desorganización del Estado y la falta de políticas públicas”, agregó.

En ese sentido, aseguró que actualmente se están haciendo obras “al caballazo”, sin previo expediente técnico y en el que solo se busca la foto, pero que son obras que no se llevan a cabo con los parámetros requeridos.

Por su parte, el profesor de posgrado de la ESAN, Jorge Guillén, indicó que, si bien la inversión pública representa el 20% del desembolso total que se realiza en el país (el 80% es de la privada), es necesario sacar adelante los proyectos detenidos.

“Estamos en septiembre y el avance de la ejecución presupuestal es lento. Otros invierten en proyectos que no valen la pena cuando lo que necesitamos es infraestructura”